- Emiten dictamen que contempla sanciones de hasta tres años de prisión y una multa de 150 UMA’s.
- Sería sometido a votación durante la novena Sesión Ordinaria
El diputado local Bingen Rementería, expresó que mañana martes se someterá a votación un dictamen que propone castigar de uno a tres años de prisión e imponer una multa de hasta 150 UMA’s, la discriminación contra personas por orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la victima; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido.
El presidente de la Comisión dictaminadora, Justicia y Puntos Constitucionales, explicó que se trata de un decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción V al artículo 196 del Código Penal para el Estado de Veracruz, para castigar a aquella persona que niegue, retrase, restrinja o abandone un servicio de salud, sin causa justificada y poniendo en riesgo su vida a los antes mencionados.
Cabe señalar que dicho artículo contempla también sancionar a quienes discrimen a otras personas por las siguientes razones: edad, sexo, género, embarazo, estado civil, origen étnico o nacional, lengua, religión, ideología, modificaciones corporales, color de piel, condición social o económica, de trabajo, profesión, características físicas, discapacidad o condición de salud, o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que este dictamen se elaboró de manera conjunta con representantes de diversos colectivos de la comunidad lésbico-gay, mediante las mesas de trabajo que se instalaron en la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.
Bingen Rementería señaló que en México existe un grave problema de discriminación en agravio de un sector de la población identificado como LGBTTTI, y que de no atenderse oportuna y eficazmente, se pone en riesgo el sistema de libertades, la integridad y la oportuna protección de sus derechos humanos.
Finalmente el diputado manifestó que el Congreso del Estado de Veracruz confirma su compromiso y sensibilidad para legislar en favor de los derechos humanos de todos los grupos sociales de la entidad, lo que abona al fortalecimiento de una sociedad incluyente y armónica.
