Se sienten importantes y no quieren ni pisar el suelo. Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez sube su camioneta al Parque Juárez, al pie del evento al que iba

’13/04/2024’
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Se sienten importantes y no quieren ni pisar el suelo. Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez sube su camioneta al Parque Juárez, al pie del evento al que iba

La amiga incondicional del gobernador Cuitláhuac García, la seguidora de López Obrador, discípula de la Cuarta Transformación y al mismo tiempo presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, acudió muy presurosa al evento conmemorativo del natalicio de Benito Juárez. El evento se llevó a cabo en el Parque Juárez, al pie de la estatua del Benemérito de las Américas. Pues la magistrada, que antes andaba sola muy quitada de la pena, y que ahora, a donde quiera que vaya se hace escoltar por un séquito de guaruras (así no la encontramos en el restaurante del hotel Gamma), pidió que subieran su camionetota al patio del Parque Juárez, y si no ha sido por una pinche fuente que le estorbaba, la camioneta hubiera llegado hasta el monumento a Juárez, donde se llevaba a cabo el evento. Pobres personas, se suben a un ladrillo y se marean. Sienten que el cargo las hace más importantes y por lo mismo se pasan por alto las normas de urbanidad y decencia. No entiende que ellas son servidoras públicas, es decir, que están para servir a los ciudadanos que pagan su sueldo en el cargo. Así que acostúmbrese, cada que aparezca por ahí la magistrada Lizbeth Aurelia, pasará escoltada por sus guaruras o arriba de su camionetota con permiso para subirse en cualquier espacio público.

Sigue en el gobierno de López Obrador la operación “moches”. Empleados denuncia que en el INDEP les quitan el 30% de su sueldo

El caso más célebre de la operación “moches” fue el del municipio de Texcoco, cuando era presidenta municipal Delfina Gómez, hoy candidata de Morena al gobierno del Estado de México. La señora le quitaba el 10 por ciento de su salario a los empleados de confianza; ese dinero se iba al “cochinito” que estaba engordando para la elección que años después perdería. Reporta el periodista Carlos Loret de Mola que en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, hay 15 empleados que se presentaron ante el Órgano Interno de Control para denunciar que les estaban quitando el 30 por ciento de su sueldo, sólo para dejarlos trabajar ahí. Señala el periodista en su columna de El Universal: «Según fuentes con acceso al expediente, el funcionario que se los pedía es identificado por los denunciantes como José Ángel Anzurez Galicia, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales (lo de encargado de despacho es un decir, porque según los registros, el individuo lleva dos años en ese cargo). El funcionario tiene bajo su mando a aproximadamente 70 personas, pero sus tentáculos alcanzan otras dependencias en las que ha logrado colocar a algunos de sus leales. Una de las quejas es que con este esquema han sido incorporados trabajadores que no tienen la suficiente capacitación —relatan que algunos no saben ni prender una computadora—, pero que garantizan que les van a dar ese 30%». Por supuesto, si es una orden de arriba los de la Cuarta Transformación lo van a negar. Porque al parecer ese es el modus operandi de Morena, mochar el sueldo a los empleados de confianza para hacerse de recursos en cash que puedan utilizar para las elecciones.

Los militares atacaron sin ninguna razón a los jóvenes de Nuevo Laredo, dice la CNDH. 117 disparos recibieron, 5 murieron

Y todavía se atreven los militares a pedir que salgamos a la calle para apoyar a esos asesinos que dispararon a mansalva a un grupo de jóvenes, que circulaba en la madrugada por las calles de Nuevo Laredo, después de salir de un centro de diversión. De acuerdo con las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los militares no hicieron ninguna advertencia, sólo dispararon. Los militares aseguraron que el vehículo iba con las luces apagadas, pero un video muestra que el vehículo donde viajaban los jóvenes tenía las luces encendidas. Los militares dijeron que del vehículo salieron disparos, pero las unidades del Ejército no presentan señales de balas y los mimos militares dijeron que no hubo disparos provenientes del vehículo. Además de eso, no se encontraron armas en el vehículo de los jóvenes. Cinco jóvenes murieron por los 117 disparos que los soldados dispararon en contra de los jóvenes; sólo dos de los que viajaban en ese vehículo sobrevivieron. A uno de ellos le dijeron que iba a grabar un video para echarse la culpa y decir que iban huyendo. Por supuesto, no es la primera vez que se acusa a los militares. Ya en otras ocasiones los han denunciado, pero basta que Luis Cresencio Sandoval le dé un zape al presidente López Obrador para que éste descalifique la investigación de la CNDH y con ello todo el caso quede en el olvido.

Armando Ortiz                                    Twitter: @aortiz52                             @lbajopalabra

 

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