Las próximas horas serán cruciales para la permanencia de Verónica Hernández Giádans, al frente de la Fiscalía General del estado, cuando Dante Delgado, dé a conocer los primeros resultados de la comisión que encabeza que pone al descubierto las violaciones a los derechos humanos en Veracruz –son más de mil-, en nombre del Ultraje a la Autoridad.
Será la primera acción, digamos testimonial, que rendirá ante el Senado de la República, rumbo a la desaparición de poderes que tiene el vilo al gobierno de Cuitláhuac García.
La Fiscal sería la primera víctima tras el escándalo jurídico, mediático y político, resultante de la incriminación contra José Manuel Del Río Virgen -el más importante aliado de Ricardo Monreal y Dante Delgado-, por la autoría de un homicidio que no se pudo probar, según el propio juez de control Francisco Reyes Contreras.
Ya el propio Dante adelantó que incluso Verónica Hernández podría ir a la cárcel no sin antes pedir licencia y someterse al Poder Judicial, para que de manera paralela, el Congreso del estado vote por su destitución como “medida preventiva” por las vías del juicio político, de procedencia o por abuso de autoridad.
Todo ello resultante de la invención de delitos y su presunta complicidad con el crimen organizado.
Así se volvió su vida pública y política del 2018 para acá.
La procuración de justicia siempre manipulada por el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, a través de su cercana Verónica Hernández, una abogada conocedora de temas notariales no de procuración de justicia, siempre al servicio del gobernador Cuitláhuac García, desoyendo el mandato autónomo de la oficina que representa.
Mañana martes se hará público el primer recuento de la Comisión senatorial a la cual asociaciones, Barras y Colegios de Abogados han salido a reafirmar que cada semana hay un promedio de 200 personas detenidas en el estado por el delito de ultrajes a la autoridad.
“El abuso es tal que al mes 800 personas son encarceladas por este tipo de delito, según datos de la propia Fiscalía”.
Ello ante la clara omisión “o sumisión” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que encabeza Namiko Matzumoto, cómplice de un gobierno violador de las normas que nos rigen, según afirma el reconocido abogado Rafael Hernández Matías.
Habrá que regresar a la memoria que días antes del escándalo nacional por la detención del Secretario Técnico de la JUCOPO del Senado de la República, tanto el senador Ricardo Monreal, como el también senador y líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, documentaron más de mil violaciones a los derechos humanos en Veracruz del 2019 al 2021.
Este inicio de semana, ya tienen la documentación que avala sus dichos.
En paralelo, la opinión pública está en conocimiento del alud de denuncias y revelaciones sobre el quehacer público y familiar de la Fiscal, Hernández Giadans, ligado a la banda criminal de los “Zetas”.
En 2019, ante la presión mediática confirmó ser prima de Guadalupe Hernández, “La Jefa” perteneciente a la banda delincuencial que encabeza desde prisión el “Comandante H”. “No voy a negar el parentesco”, reconoció ante diputados que la cuestionaron. .
Ya en ejercicio de “su” procuración de justicia, le fue imposible ocultar la escalada feminicida en Veracruz que durante su gestión ha registrado un aumento del 28%. Hoy día, están abiertas 182 carpetas de investigación por muerte de mujeres, de las cuales 84 fueron por crímenes de odio.
¿Cómo explicar el origen de las 96 fosas clandestinas diseminadas en 16 municipios o cómo encontrar respuestas sobre los mil 316 cuerpos en el forense sin identificar?
Sobre todo, si observamos que Veracruz ocupa el primer lugar en fosas clandestinas al superar, con 504, a Tamaulipas con 455, Guerrero con 383, Sinaloa con 354 y Zacatecas con 331.
Lo de Gladys Merlín y su hija Carla Enrique siguen doliendo. Eso de revictimizarlas filtrando las fotografías del terrible lecho sangriento es no tener madre ¿Y los hermanos falsamente acusados del crimen de la rectora de la Universidad de Valladolid?
En realidad es eso, al igual que otros casos similares como el de una mujer que hace seis meses está en prisión por mentarle la madre a un policía. “Ya mañana se olvidarán con nuevas masacres”, como ella misma argumenta de manera sarcástica.
El pueblo sabio y el no sabio, sin embargo, no olvidan.
“Estamos sorprendidos por su trabajo”, le dijo en una ocasión Cuitláhuac García… la opinión pública también se sorprende de no encontrar explicación legal a la escalada represiva contra la ciudadanía y los enemigos del gobierno.
Y es que la persecución política, cuyo único responsable es el gobernador, alcanzó no solo al ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco, también fueron a la cárcel por lo mismo Tito Delfín, Nicolás Ruiz, Gregorio Gómez, Yolli García, Fabián Cárdenas y Omar Ramírez, por citar a un puñado de presos políticos, sin contar a los políticos asesinados previo a las elecciones del pasado junio.
Ello infló el ego del gobernador –el tener en un puño a Veracruz-; anda que no cabe recorriendo municipios morenos repartiendo generosos y muy abundantes saludos aunque en su fuero interno sabe que podría caerle la voladora en cualquier momento.
Y si cree que con poner de carnada la cabeza de la Fiscal General para salvar el pellejo es suficiente, más vale que lo piense dos veces.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
