De nuevo el nado sincronizado de la información convencional quiere impactar en la sociedad, toda vez que han perdido credibilidad. La punta de lanza, como lo han hecho por meses, es la irrupción de los padres de hijos con cáncer del acceso al aeropuerto, esta vez fueron sólo 10 personas.
Claro, ese es sólo el primer paso, porque necesitan un pretexto informativo para seguir hablando del tema. Luego vienen los comentaristas en los medios que anuncian que el desabasto de medicamentos empezó exactamente el 1 de diciembre de 2018, no antes. Cuando, en realidad, lo que se hacía desde la Secretaría de Hacienda, según Juan Antonio Ferrer, director general del Insabi, era comprar sólo la mitad de los medicamentos que se necesitaban y el dinero que “sobraba” se repartía, estamos hablando de miles de millones de pesos.
El desabasto de medicamentos no es nuevo, ni tiene una corta edad. Desde el sexenio de Miguel de la Madrid empezaron a escasear, sobre todo en el IMSS y en el ISSSTE.
Las críticas de la oposición encontraron en un viejo problema de desabasto de medicamentos la mejor manera de hacer que el Seguro Popular y los viejos esquemas de compra regresaran, porque fue en la salud donde radicó buena parte del enriquecimiento ilícito de los funcionaros públicos, quienes triangulaban a través de la Secretaría de Hacienda para que la repartición del pastel fuera generalizada. De ahí que haya muchos afectados por la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que abrió sus puertas el 1 de enero de 2020, con sus respectivas Reglas de Operación, que aseguran algunos no existen.
El 30 de noviembre de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación del Insabi, es decir, al año de haber llegado la nueva administración, tiempo que les llevó darse cuenta cómo operaba el viejo sistema de salud.
Ahora, la tarea de algunos radica en insistir sobre la falta de medicamentos como un problema del actual régimen, asegurando que no existe un esquema para la adquisición de medicamentos. Si no hubiera reglas de operación claras no existiría una estrategia de adquisición, y nadie le vendería medicamentos al gobierno.
Ante la insistencia de que la gente no recibe los medicamentos, el presidente de la república instruyó al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, la mañana del 11 de noviembre, para que todo abasto de medicinas fuera satisfecho.
Desde hace tres años, cuando algunos aseguran que empezó la falta de medicamentos, se estudió la manera no sólo del abastecimiento real, sino de un mejor precio, pero eso es precisamente lo que critica más de uno, que asegura que la cadena de ahorros se convirtió en una cadena de desabasto.
Anteriormente mientras más alto era el precio de las medicinas era mejor para los funcionarios públicos, porque su margen de ganancia era superior. Era un verdadero escándalo el precio de algunos medicamentos.
Ahora, Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, indicó que la ley establece que los servicios que se proporcionan son gratuitos, aunque aclara que, en el tercer nivel la atención, serán en los institutos nacionales los que decidan el precio de la consulta.
Porque hay 66 enfermedades, por el momento, cuyo tratamiento es gratuito, que son las mismas que contenía el seguro popular, y se encuentran en estudio 30 más, en cuanto las apruebe el Consejo de Salubridad General, se sumarán a las anteriores para ser atendidas gratuitamente.
Desde el inicio de operaciones del Insabi se autorizaron recursos adicionales de 40 mil mdp para los rubros de medicamentos, médicos, enfermeras, para recuperar las instalaciones abandonadas en el país, que no son pocas. Aproximadamente 87 mil trabajadores de salud que no tenían base ahora la tienen. Se seleccionaron médicos de un universo de 32 mil candidatos.
Así, el Sector Salud está trabajando en conjunto con el IMSS, ISSSTE, Pemex y Semar. La gente no es la que está boicoteando, sino los funcionarios que están haciendo mal su trabajo, la oposición que quiere regresar al pasado y los laboratorios que quieren imponer precios.
Desde el inicio, la oposición cuestionó que no existía un esquema de afiliación, pero no se necesita, sólo es necesario el CURP o credencial del INE para ser atendidos gratuitamente en los dos primeros niveles de atención.
Aclaró que los institutos especializados tienen una cuota de recuperación, que es en promedio de 160 pesos, porque en su atención existe un alto grado de complejidad y quienes asisten esos pacientes son especialistas seleccionados de manera rigurosa para realizar operaciones como trasplantes o patologías complejas. Esto no contradice lo dicho campaña por el Presidente, porque es de todos sabido que en la Ley General de Salud -que nace el 7 de febrero de 1984 y tiene su última modificación el 14 de octubre de 2021- en sus artículos 36 y 54 establece que en el tercer nivel de atención podrían cobrarse cuotas de recuperación.
Por su parte, el artículo 77 establece que se tiene que atender gratuitamente y si no se hace los usuarios pueden hacer una denuncia, porque la ley garantiza que todos los mexicanos deben recibir atención gratuita.
La especulación sobre el sector salud tiene muchos intereses. Podemos todavía recordar que alguien dijo que el gobierno terminaría de vacunar a los mexicanos dentro de 23 años. Hay mucho que decir sobre lo que no se hizo o lo que se hizo mal. También hay mucho que componer y arreglar, se trata de un saqueo de más de medio siglo, que no puede arreglarse de la noche a la mañana. Mentir en el ámbito de la salud es criminal, porque la mala salud conduce a la muerte.
PEGA Y CORRE. – Empezaron los problemas para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ahora quiere vender placas nuevas a los taxistas, cuando El Bronco había anunciado que ya eran definitivas. Le llaman un impuesto disfrazado para los propietarios de coches de alquiler. A ver cómo se sale de ésta… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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