Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
19 de septiembre de 2025
SEGOB Veracruz enfrenta pago de 200 MDP al SAT por incompetencias en administración de Eric Cisneros
***El exsecretario de Gobierno permitió que sus colaboradores perdieran un caso por incompetencia y desconocimiento jurídico. Y la culpable Concepción Cruz repite en el cargo.
***Cartas a la redacción: La simulación en la Universidad Veracruzana: una convocatoria para validar una decisión ya tomada.
Grave la situación que enfrenta la Secretaría de Gobierno de Veracruz y habíamos advertido sobre las incompetencias, negligencias y omisiones a deberes legales, al no atender señalamientos del SAT y luego, se convirtió en una enorme multa en detrimento de la SEGOB y sobre todo, por culpa de incapaces funcionarios, entre ellos el exsecretario Eric Patrocinio Cisneros Burgos. En esta entrega daremos entrada a una carta sobre la exposición de motivos y el estado que guarda esta millonaria multa, por culpa de “El Bola 8” y sus incompetentes colaboradores. Y aquí el texto:
La saludo con afecto y la vez le comunico circunstancias relacionadas con su nota https://periodicoveraz.com/segob-veracruz-y-su-enorme-deuda-ante-el-sat-por-incompetentes-funcionarios-aliados-de-eric-cisneros-2/, porque la sociedad debe saber las negligencias, complicidades o incompetencias que afectan el buen gobierno que pretenden realizar Rocío Nahle García.
Como recordará usted, la nota mencionada se refirió a la ineptitud de la falsa abogada Anahía Concepción Cruz Juárez, quien en 2022 presentó a Eric Patrocinio Cisneros Burgos y a su también protector José Pale un medio de defensa incorrecto, pues en vez de redactar el juicio de amparo en representación de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, como contribuyente, contra una sentencia que confirmaba un crédito fiscal. Expediente 485/18-13-01-4/272/19-S1-02-04, ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, les dio a firmar una revisión fiscal, quedando evidenciada su escasa experiencia, según sentencia dictada en la revisión fiscal 461/2022, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal con la liga: https://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=26/0026000030286990004.pdf_1&sec=Lorena_Sanchez_Osnaya&svp=1, en la cual, la autoridad federal mostró lo mal defendida que está la Secretaría de Gobierno, dando como resultado que tuviera que pagar cerca de $200 millones de pesos, por un asunto que era ganable, lo que es injusto porque esos recursos pudieron destinarse a niños con cáncer y ahora esa cínica funcionaria los deja sin quimioterapias.
En el fallo, la autoridad federal restregó al Gobierno Estatal encabezado por la Ingeniera Nahle que según al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, “… la legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, recae en la autoridad demandada en el juicio contencioso de origen, salvo disposición expresa que la impida para ello; consecuentemente, si como se expuso en líneas precedentes, la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, es parte actora en el juicio de nulidad del que deriva el presente medio de impugnación, resulta inconcuso, que carece de legitimación para interponer el presente recurso de revisión, en virtud de que se insiste, dicha legitimación únicamente la tiene la autoridad demandada a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica.”
Motivo por el cual desechó el recurso y el crédito fiscal quedó como consentido, por la incompetencia de doña Concha, al no saber distinguir que, siendo autoridad la SEGOB Veracruz, cuando actúa como contribuyente, se equipara a un particular, con mayor razón cuando es parte de un procedimiento jurisdiccional generado en una relación de supra a subordinación frente al SAT.
Pero esto no es todo, porque al iniciar la presente administración y sabiendo que Rocío Nahle y Ricardo Ahued quieren corregir lo mal hecho por Cuitláhuac García y por Eric Cisneros, doña Conchita Cruz, se presentó como la salvadora de la Dirección Jurídica, lo que fue comprado por la Directora y por la Subsecretaría Jurídica, ávidas de encontrar personas sin escrúpulos que traicionen a sus compañeros para echarlos y meter a su gente. Por esta bajeza, doña Concha fue ratificada según liga: https://www.segobver.gob.mx/directorio_curricular.php y se siente con poder de abusar aún más del personal a su cargo, a los que retiene innecesariamente en horarios prolongados, los ha culpado de los errores que ella ha cometido siendo personas capaces y con años de servicio, al grado que varios intimidados renunciaron, prefiriendo callar en lugar de enfrentarla.
Lo que la directora y la Subsecretaría Jurídica no saben que están siendo utilizadas y que la zalamería de Concha Cruz es el medio para ocultar sus propias irregularidades, que si revisaran a fondo, seguro encontrarán muchas. En el caso de su equivocada revisión fiscal 461/2022, pretende que prescriban las faltas administrativas y los delitos por el grave daño patrimonial causado, ya que los Manuales Específicos de Organización y el de Procedimientos, ambos de la Dirección General Jurídica, señalan que es ella, como jefa de Departamento, la responsable de analizar los asuntos y promover las demandas y recursos que procedan para defender de manera efectiva los derechos del Gobierno del Estado de Veracruz y de su Secretaría de Gobierno y no los analistas y auxiliares jurídicos, quienes sólo redactan oficios y demandas, conformes las instrucciones que les da.
Desafortunadamente, Cisneros Burgos logró meter a SEGOB a funcionarios que le pasan información y que en nada ayudan a un mejor gobierno, por esto confiamos en que la gobernadora tomará cartas en el asunto y que sus áreas jurídicas le serán leales. Por lo pronto se exponen a que Concepción Cruz les dé a firmar demandas o recursos erróneos y por el cúmulo de trabajo las firmen, con el consiguiente daño patrimonial, arrastrando a todos en su caída.
Estamos indignados porque la flamante abogada fiscalista Concepción Cruz dejó a niños con cáncer sin sus tratamientos y sus jefes anteriores ni Consejería Jurídica procedieron en su contra.
Para evitar mayores daños a las finanzas estatales es necesario que la directora jurídica y la Subsecretaría Jurídica tomen medidas que frenen las tropelías de la infiltrada Concepción Cruz, por su deber legal de denunciar y de abstención de encubrir, como lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues de la entrega de recepción de diciembre de 2024 se presumen que conocieron el expediente de la revisión fiscal 461/2022. De no hacerlo, un grupo ciudadanos denunciaremos el tema ante la Fiscalía y ante Contraloría contra quienes resulten responsables por acción u omisión.
***Cartas a la redacción: La simulación en la Universidad Veracruzana: una convocatoria para validar una decisión ya tomada.
El reciente comunicado de la Universidad Veracruzana, fechado el 2 de septiembre de 2025, referente a la “Elaboración del Programa de Trabajo 2025-2029”, representa una alarmante muestra de simulación institucional que debe ser denunciada con firmeza.
Bajo el disfraz de una “participación universitaria”, se invita a la comunidad a integrarse en un proceso aparentemente abierto e inclusivo, cuando en realidad se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada para legitimar decisiones ya tomadas a puertas cerradas. La referencia a mecanismos como “diálogos universitarios”, “consulta en línea” y “participación por invitación” no es más que un ejercicio de validación simbólica que excluye a la verdadera pluralidad de voces dentro de la institución.
Lo más preocupante es que este montaje cuenta con el aval de la Junta de Gobierno, que, en lugar de ejercer su responsabilidad crítica y evaluativa, ha respaldado sin objeción un supuesto programa de trabajo de continuidad, ignorando por completo la obligación de analizar alternativas reales y proyectos innovadores. El órgano que debería velar por la transparencia, la pluralidad y la rendición de cuentas, ha optado por el silencio cómplice.
Cabe preguntar: ¿Qué significa la consulta si ya existe un programa de trabajo aprobado? ¿Qué sentido tiene invitar a participar si solo se integrará lo que convenga al discurso oficial? La comunidad universitaria no puede ni debe prestarse a legitimar una farsa. Estos mecanismos son utilizados para fabricar un consenso artificial que justifique un proyecto de continuidad sin debate ni renovación auténtica.
La Universidad Veracruzana merece un ejercicio democrático real, donde se escuchen todas las voces y se enfrenten las ideas. Lo que hoy se presenta como un ejercicio de planeación participativa, no es más que una escenificación vacía. Participar en esta dinámica sin denunciar su falsedad, es ser cómplice de una estructura que ha optado por el control y la simulación en lugar del pensamiento crítico y la transformación genuina. No más simulaciones. No más continuidad disfrazada de diálogo. La universidad crítica, libre y plural no puede construirse sobre cimientos de opacidad.
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