*Ex Gobernador tiene proceso por desaparición forzada
*La impunidad es la causa de muchos males en México
NO ES por “hacer leña del árbol caído”, pero apegados al principio que Javier Duarte de Ochoa enarbolada para justificar sus venganzas: “el que la hace la paga”, no estaría de más que tanto él como su ex esposa Karime Macías Tubilla, “si la hicieron que la paguen” a partir de los distintos criterios de la ley, pero juzgando como tales los delitos cometidos, en algunos casos por lavado de dinero y asociación delictuosa, fraude e, incluso, por delincuencia organizada, y que se llegue hasta las últimas consecuencias en los procesos que se siguen al ex Gobernador por desaparición forzada de personas y tortura, pues como bien se sabe, en los seis años que permaneció en el cargo desaparecieron al menos 200 personas, según denuncian organizaciones civiles como el colectivo Solecito, además de que 18 periodistas fueron asesinados y otros tres permanecen desaparecidos, según Periodistas de a Pie y la Red Veracruzana de Periodistas. Definitivamente no deben quedar impunes los delitos que se le comprueben, ya que la impunidad es un fenómeno social que impacta tanto la construcción del Estado de derecho como la calidad de la democracia. En México, por ejemplo, algunos de los problemas más serios que afectan al País como son desapariciones, feminicidios, violaciones contra la población migrante, tortura y detenciones arbitrarias, así como violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas son agravados por el contexto de impunidad que les caracteriza. Y es que un amplio informe de México Evalúa que revisa la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces, arroja un dato estremecedor: un 94,8 por ciento de los delitos cometidos a lo largo y ancho de la república no ve una salida.
CIERTAMENTE, LA ex presidenta del DIF Estatal, Karime Macías Tubilla podría llegar a un acuerdo para resarcir el daño generado a las arcas de Veracruz, sin embargo, seguiría enfrentando el proceso porque desde 2016 se le investiga por delincuencia organizada, y en todo caso debería pisar la cárcel para crear un precedente de que en México se castiga el delito, ya que de lo contrario en lo sucesivo otros gobernantes estarían conscientes de que pueden cometer desmanes y, finalmente, devolviendo parte de lo robado no les pasa nada. Por ello, aunque la ex primera dama impugne la decisión del Departamento de Estado de la Gran Bretaña que dio luz verde para su extradición, tarde o temprano deberá rendir cuentas en México. Karime enfrenta un proceso de extradición al País desde el 29 de octubre de 2019 con base en una orden de captura librada el 28 Mayo de 2018 por el desvío de 112 millones de pesos del erario de Veracruz, algo que niega su defensa. En ese sentido, para el abogado Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz, “si la señora no interpone el recurso, desafortunadamente para ella, pero afortunadamente para Veracruz, ya que la tendrían que traer a México a un centro de mayor seguridad y por consecuencia enfrentar todo el proceso”. Lo cierto es que Macías Tubilla a través de su defensa podría prolongar su extradición, quedándose en Inglaterra, que es lo que está buscando, porque no le conviene venir a México. Por eso busca que no la extraditen, ya que los recursos que posee tendrían que pasar a las arcas de la entidad. A Karime se le acusa de simular contratos con empresas fantasma en perjuicio del Estado por un monto de 112 millones de pesos.
EL CASO Duarte es distinto. Él fue sentenciado a 9 años de prisión por utilizar decenas de empresas fantasma para desviar el presupuesto público, algo que ya se había denunciado previamente en una investigación periodística conocida como “Estafa Maestra” publicada por medios como Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Y es que con las empresas fachada, Duarte y algunos colaboradores entregaron decenas de contratos irregulares por más de 500 millones de pesos, aunque no está claro el destino de otros 3 mil 500 millones de pesos del presupuesto asignado por el gobierno Federal, por lo que la Fiscalía General de la República, según se sabe, investiga la participación de Macías Tubilla en este proceso. Algunos testimonios en juicios contra colaboradores de la pareja apuntan a que la exprimera dama tenía un papel fundamental en el gobierno de su marido. Uno de los testigos fue el exsecretario de Seguridad Arturo Bermúdez quien habría sido acusado de encubrir la desaparición de decenas de personas, aunque sospechosamente fue liberado. Macías, aseguró en su momento el exfuncionario, entraba a las juntas del gabinete y daba instrucciones a los secretarios. “No tenía la investidura para estar en esas reuniones, pero sabíamos que Duarte no le decía nada y que ella realmente decidía”, indicó.
EN DICIEMBRE del año pasado, la Fiscalía Estatal libró, finalmente, una orden de aprehensión a Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, y colectivos como “Solecito Veracruz” indicaron que era “el mejor regalo de navidad”. Fue el 6 de diciembre cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que aplicó una orden de aprehensión por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas contra Javier Duarte, internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la que proviene de la Fiscalía General del Estado de Veracruz derivada de una investigación abierta por el ocultamiento de 13 de 19 cuerpos hallados en enero de 2016 en la barranca de La Aurora, una zona boscosa cerca de Xalapa, en el municipio de Emiliano Zapata, y a menos de cuatro kilómetros de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, de la Policía Estatal de Veracruz.
de acuerdo con declaraciones vertidas en la investigación FEADPD/ZCX/011/2017, en la barranca de La Aurora policías de Seguridad Pública dejaban los cuerpos sin vida de personas detenidas y torturadas en el interior de la academia de policía. Es la primera vez que en México que se investiga a un ex gobernador por ese delito calificado como de lesa humanidad, por lo que la noticia despertó diversas reacciones entre dirigentes y buscadoras de colectivos de personas desaparecidas, ya que el Estado ocupa el cuarto lugar nacional con más personas desaparecidas y no localizadas (5 mil 453 casos), según datos de 2021 de la Comisión Nacional de Búsqueda.
EN FIN, si Duarte de Ochoa y Karime Macías la hicieron, lo más recomendable es que la paguen, ya que la impunidad, al resumirse en una ausencia de sanción del crimen cometido por parte del Estado, tiene como base el incumplimiento de la función esencial del aparato jurídico, por lo que tiene un impacto psicosocial que le es consustancial, además de que induce a otros delincuentes a seguir cometiendo ilícitos en el entendido que en México los crímenes no se pagan. Asi de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com
