Cuando Andrés Manuel López Obrador reinició sus giras por el país después de que en el 2006 “le robaron la presidencia”, me tocó acompañarlo a mítines en zonas muy marginadas. Y mientras soltaba su choro a una concurrencia generalmente escasa, unos sujetos pasaban la charola y pedían “lo que sea su voluntad” para apoyar “la causa” del tabasqueño.
En ese entonces vi a personas que vivían en la precariedad, desanudar el paliacate donde traían unos cuántos pesos y entregar una parte a los ujieres del candidato defenestrado.
Cuando pregunté a uno de esos zánganos si no le daba vergüenza quitarle dinero a un pobre, me contestó al botepronto y con fingida dignidad que sentía la misma vergüenza que la beata que pasaba la charola de las limosnas en una misa. “Además no se los quito, me lo dan de buena onda y tu lo has visto”.
El negocio estaba tan bien organizado que un día que un vivales se puso a charolear por su cuenta en un poblado de Guerrero, los mismos ujieres lo detuvieron y lo presentaron ante las autoridades acusado de estafador.
Hoy que la 4T ya es gobierno los ujieres dejaron de charolear; pero cobran por hacer favores y lo siguen haciendo con los que menos tienen.
En Guerrero, Michoacán, Chiapas, Tabasco y Oaxaca cada costal con semilla, cada saco de fertilizante, cada machete, pala, azadón y todo beneficio social cuesta un porcentaje que los beneficiarios deben pagar. La mochada, que le llaman.
Y Veracruz no es la excepción.
Indígenas de la región de Zongolica denunciaron que trabajadores de la Sedesol les cobran moches para que reciban los beneficios de los proyectos productivos y si no sueltan lo que les piden simplemente no hay apoyos. En esa zona lector, sus pobladores tienen dos características; son de los que tienen más rezago social y más pobreza extrema en el país y en América Latina.
Allá en Zongolica lo que sobran son carencias. La última vez que recibieron apoyos en serio fue en la época de Patricio Chirinos hace más de 25 años. Porque ni Alemán, ni Fidel, ni Javier, ni Miguel Ángel, ni Cuitláhuac se acordaron de Zongolica una vez que dejaron de ser candidatos para convertirse en gobernadores. Y la región que cuenta con 18 municipios y 156 comunidades regresó al hoyo porque tienen carreteras en pésimas condiciones, unidades médicas en el abandono, escuelas sin maestros y donde se necesita con urgencia trabajo, mucho trabajo.
Y aun así los transan.
Porque entregar un bien supuestamente gratuito y cobrar un porcentaje por él es una transa y una estafa.
Y el problema es grave lector. De acuerdo con el diputado del Partido del Trabajo, José Luis Tehuintle Xocua, Secretario de Asuntos Indígenas, hay seis denuncias del 2018 al 2020 por proyectos productivos que no han llegado a aquella zona.
Esto no sólo es una desvergüenza, es un crimen.
No se vale que sujetos y sujetas que llegaron enarbolando la bandera “Por el bien del país, primero los pobres”, se dediquen a estafar pidiéndoles una mochada, a esos pobres entre los pobres a los que les prometieron todo y no les han dado casi nada.
Ya se solventó el 90% de lo observado por la ASF, afirma Lima Franco
José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, negó que el gobierno estatal siga sin poder aclarar el manejo de 9 mil 726 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación, y aseguró que la cantidad observada durante la actual administración es de 6 mil millones de pesos de los cuales el 90 por ciento ya fueron solventados.
Agregó que prácticamente se ha solventado todo lo observado de los años 2019, 2020 y 2021. “Desgraciadamente se informa lo que se observa, pero no se informa cuando ya se solventa”, indicó el funcionario a reporteros.
Dijo que en lo que va de la actual administración los montos observados son cercanos a los 6 mil millones de pesos, principalmente por contratos de la Secretaría de Salud en el ejercicio 2020, aunque subrayó que el uso que se le dio al dinero de la federación ya se pudo aclarar.
Por otro lado, descartó que se hayan devuelto a la Tesorería de la Federación 1, 817 millones de pesos por subejercicios, aunque no dio un monto sobre el total de esos reintegros.
Esto en respuesta a que el líder estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, dijo que los recursos reintegrados a la federación fueron por 505 millones 352 mil pesos en 2019; por 278 millones 890 mil pesos en 2020 y por 1, 033 millones 356 mil pesos en 2021.
“Así como se comentó el tema de Araly, también daremos un informe puntual de las auditorías de la ASF para comentar lo que se observó, lo que está solventado y lo que se reintegró en algún momento”, adelantó el funcionario estatal.
Sobre lo que se ha manejado en relación al monto de estos subejercicios Lima Franco fue categórico. “Es absolutamente falso, si fuera verdad estaría en la primera plana del Reforma. Lo que se ha reintegrado es lo que se genera de las economías y algunas licitaciones en las que se rescinden contratos por no cumplir, pero en ningún momento son esos montos. Es un dato que estaremos dando próximamente, pero no es ni cercano”, finalizó el joven funcionario.
