La violencia que caracterizó las campañas electorales del presente año continúa sin que se haya aclarado el motivo del asesinato de más de 28 políticos, según agencia Integralia.
En el caso de Veracruz hay un reporte publicado por Etellekt Consultores que informa que mataron a 16 políticos en el estado del 7 de septiembre al 30 de mayo, es decir, en el proceso electoral 2020-2021, de los cuales 11 eran aspirantes o candidatos.
Se señala la situación de esta entidad no sólo por ser escenario del mayor número de políticos asesinados, sino porque el pasado miércoles 30 de junio fue ejecutado Nicanor Martínez, exaspirante suplente de Morena a la alcaldía Tihuatlán, y experredista. De acuerdo con los informes, hombres armados atacaron al político aproximadamente a las 22:00 horas mientras transitaba por la calle Primero de Mayo. Desde luego que las autoridades no tienen idea de quién sea el autor material o intelectual del asesinato. La esposa del morenista resultó herida, y su estado de salud se reporta como grave.
La violencia pareciera extenderse a todo el tiempo, para quienes decían que la violencia era propia de los tiempos políticos, quienes se dedican a la vida pública siguen expuestos, al igual que los periodistas, al ser blanco de asesinos con intereses oscuros.
Es necesario no sólo perseguir y capturar a los asesinos materiales e intelectuales, sino saber las razones de esos asesinatos, pero no hay trabajo al respecto. En todo el país la reacción de las autoridades encargadas de hacer justicia parece no importarles su trabajo. Porque el asesinato político es generalizado en toda la República.
El asesinato de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, un día antes de las votaciones del 6 de junio, hizo creer que sería el último, porque el objetivo de estos homicidios serían los resultados en las urnas, pero no fue así. En este caso específico fue encarcelado su suplente y operador político, acusado de ser el autor intelectual; sin embargo, las investigaciones continúan. Porque se optó por la solución más fácil y sin pruebas suficientes de por medio.
Hay intereses que muestran la necesidad de llegar al extremo de matar, por lo que se consideran intereses muy grandes. Pero ante la impunidad de estos asesinatos, cualquier tipo de interés, inquietud o necesidad puede mover a realizar un asesinato, porque está prácticamente garantizada la impunidad, porque se culpa a inocentes sin conocer siquiera las causas. Como si fuera más fácil aniquilar al contrincante que solucionar un problema.
Ante tanta injusticia lo menos que puede pensarse es en una evidente complicidad del propio gobierno, que es la instancia que tiene más posibilidades de alcanzar la impunidad y, sobre todo, de fabricar delincuentes, dar pistas falsas, responsabilizar a inocentes, incluso criminalizar a las víctimas.
Hasta en los programas policiacos de televisión puede advertirse la trascendencia de las causas de robos, asaltos y, sobre todo, asesinatos, pero a la justicia mexicana le basta con encontrar a un chivo expiatorio y sin más evidencias señalarlo como autor de un homicidio para aparecer como una entidad eficiente.
Porque cuando hay homicida material no hay asesino intelectual, y cuando hay asesino intelectual no se dicen las causas del crimen. Es decir, la falta de transparencia en el Poder Judicial pareciera secreto de Estado, sobre todo en casos en los que la población está atenta de su desenlace.
La superficialidad con la que actúa la justicia mexicana se convierte en una invitación al crimen. Es por ello por lo que en lugar de que se vea como un crimen contra la sociedad se percibe como una invitación a seguir matando a quienes les estorban.
Lo peor de todo es que esta estrategia de matar políticos, líderes y periodistas les está funcionado a los asesinos gracias a la falta de eficiencia de las autoridades encargadas de impartir justicia. Ahora, las autoridades no investigan, no hay careos, para ellos todos son inocentes a menos que vean con sus propios ojos dispararle a la víctima. Porque se creó un cambio radical en el sistema de justicia sin que estuvieran preparados ni los policías, ni los ministerios públicos ni los jueces y el resultado es que los malos van ganando.
Cuando deje de registrarse el asesinato de un político, de un líder o de un periodista significará que se trabaja en realidad en los asuntos para los que están comprometidos todos y cada uno de los implicados en el seguimiento de un crimen.
Porque detrás de cada homicidio de una persona pública hay tanta información como especulación, que estallan ante los ojos de la población, que al informarse también siente miedo. Porque la reacción inmediata es pensar que si ese es el destino de un político cuál sería el de una persona de a pie que expresa sus ideas con libertad.
Infundir miedo ha sido una tarea que impide que la situación del país cambie y evolucione, y en el caso de la justicia podría pensarse que es el área más deficiente de la administración pública que se muestra inútil y decadente, pero exigiendo los más altos salarios del país.
Dependerá del Poder Judicial su trabajo, investigaciones y explicaciones sobre estos asesinatos que la gente deje de tener miedo, porque los principales impulsores del terror son ellos, no puede haber mayor miedo que autoridades judiciales que no actúan dejando en manos de los delincuentes la vida de los mexicanos. Dejar de resolver los asuntos de la justicia no es sólo una injusticia sino una grave complicidad. PEGA Y CORRE. – De las 774 quejas que recibió el Instituto Electoral de la Ciudad de México, 214 casos han derivado en el inicio de Procedimientos Especiales Sancionadores. Y algunas de éstas pueden revertir resultados importantes en la capital del país… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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