Martin Niemoller
Se insiste e insiste que en la administración federal se prohíbe prohibir, que el debate es necesario y que las venganzas políticas están desterradas de este gobierno. No importa cuántas veces se reafirme en los micrófonos, porque todos los días se da muestra de lo contrario, abierta o veladamente, todos los días se denosta a los “enemigos políticos”, no acepta debatir con nadie, cerrando toda posibilidad de interlocución con quien piense distinto.
Se ha dicho públicamente que del equipo de trabajo espera obediencia ciega, así tal cual. Que, a las iniciativas de ley, “no se les mueva ni una coma”, dando órdenes a otro poder. Todos quienes participen en la administración deben tener una lealtad superior al proyecto, una lealtad a prueba de cualquier manifestación que pretenda hacer valer su garantía de libre expresión u opinión. Callarse y obedecer son las únicas posibilidades de formar parte de la “transformación”.
El CONACYT estrena un Código de Ética que huele a intolerancia y censura, que agravia los espacios personales, la privacidad, la libertad del pensamiento y expresión, como bastiones de garantías individuales y derechos humanos fundamentales. Esos derechos conquistados arduamente, arrebatados de las visiones autoritarias de gobiernos pasados que, como éste también, reniegan de la pluralidad, el disenso y la riqueza de la diversidad democrática.
Ciertamente, los ejercicios administrativos, públicos y privados, requieren que en el desempeño de sus actividades, los trabajadores asuman responsablemente sus labores, con eficiencia, honradez y rendición de cuentas. Sin embargo, eso no significa anular los derechos de los individuos a su privacidad, acallar sus opiniones personales en el ámbito de su vida privada, a riesgo de ser sancionados.
Los límites están siendo transgredidos. Silenciar la vitalidad de las opiniones individuales o la presencia y disposiciones que en las vidas privadas cada uno de los integrantes de las áreas públicas tienen, es reprensión pura.
La aparición de comisarios políticos, del gran hermano que se avizora detrás del mencionado Código de Ética del CONACYT, es una novedad aterradora, contraria a cualquier idea libertaria, más aún en el mundo de los académicos e investigadores. Un enorme dique a la libertad, a la capacidad de pensar y discutir, a la oportunidad de la acción del pensamiento que cuestiona y duda. Ya no es necesario todo eso, porque ahora hay verdades absolutas, inamovibles, incuestionables.
La Directora del CONACYT avala, al no señalar en contra, que en la parte de “identidad institucional” se pide “prudencia” para opinar en las redes sociales de los integrantes de esa institución, lo que conlleva a pensar que para verificarlo, se requiere el “seguimiento” a las redes privadas de los empleados, también de sus prestadores de servicios y peor aún, de solicitantes de apoyos. Ideas persecutorias que parecen dominar un espacio público, reforzando las agresiones al gremio.
Es preocupante que pueda cundir el mal ejemplo o tal vez ya sea la punta de un iceberg que apenas estaría mostrándose, un gran bloque de prácticas vejatorias e intimidatorias, encaminadas a controlar la vida privada de las personas, principalmente de quienes piensen distinto. ¿A qué le tendremos que llamar prohibido prohibir?
LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA
Datos del Latinobarómetro 2020, a la alza el apoyo a un gobierno autoritario en México.
