“Simiforense”, no es lo mismo, pero (para Nahle) es igual. Es de miserables hacer pasar a un médico general por un médico forense para justificar una muerte por infarto
Sabía usted que un médico general tiene formación para diagnosticar y tratar enfermedades comunes, enfocándose en atención primaria. Sin embargo, un médico forense está especializado en medicina legal, realiza autopsias, analiza causas de muerte y emite dictámenes para investigaciones judiciales. El caso de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, asesinada tras ser secuestrada el 18 de julio de 2025 en Álamo Temapache, Veracruz, ha generado controversia debido a la participación de José Eduardo Márquez Nava, presentado inicialmente por la gobernadora Rocío Nahle como médico legista o forense. Márquez afirmó en conferencia de prensa que Hernández murió de un infarto provocado por múltiples lesiones sufridas durante su secuestro, según los resultados de una necropsia. Sin embargo, investigaciones periodísticas, como las de Milenio y Latinus, revelaron que Márquez no está registrado como médico forense ni tiene especialización en medicina legal, sólo cuenta con una cédula de médico general emitida en 2018 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es decir, Rocío Nahle ocupó a un “simiforense” para justificar sus dichos y para acabarla de amolar llamó “miserables” a los que dieron su opinión sobre su falta de sensibilidad. El “simiforense” sólo fue certificar el fallecimiento en el lugar de los hechos, no a realizar la necropsia, que fue llevada a cabo por un médico forense de la Fiscalía General del Estado. La presentación de Márquez como perito y las declaraciones de Nahle, que insistieron en el infarto como causa de muerte, han sido criticadas por organizaciones feministas y activistas, quienes señalan una posible minimización del feminicidio y exigen transparencia en el caso. Es muy de miserables hacer pasar a un médico general sólo para justificar una muerte por infarto.
¡Tiene todo nuestro respaldo! La periodista Claudia Guerrero denuncia ante la FGE a Pepe Ortiz Medina y a Pablo Jair Ortega por daño moral y extorsión
Los gobiernos corruptos son muy dados a utilizar a pseudoperiodistas que les sirven de sicarios no sólo para atacar a sus adversarios políticos sino además para atacar a periodistas críticos e incómodos. Hacerse pasar por periodistas y ocupar este oficio para denigrar a compañeros periodistas con infamias y bulos es abyecto, denigrante. Es por ello que en Libertad bajo Palabra respaldamos con toda nuestra fuerza moral a la periodista Claudia Guerrero, amiga y colaboradora de este medio de comunicación, quien después de estar siendo golpeada mediáticamente con amenazas, infamias y noticias falsas, se decidió a denunciar a dos pseudoperiodistas que, incluso presumen, de su capacidad para hacer daño. Señala Claudia Guerrero en su columna “Entre lo utópico y verdadero”: “Desde el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el dueño del medio de comunicación Versiones y exseminarista arrepentido José Ortiz Medina tiene una fuerte obsesión en contra de la periodista Claudia Guerrero Martínez y fue el exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib quien pagó a mercenarios como Pepe Ortiz para tratar de demeritar la imagen de la autora de esta columna, como periodista y en contra de nuestros medios de comunicación, bajo el pago de su servicio como sicario de la pluma para realizar campañas de basura y lodo”. La denuncia de Claudia Guerrero va acompañada de pruebas, de un audio en donde se escucha a José Ortiz Medina pidiendo una cantidad de dinero a un empresario para bajar unas notas de su portal Versiones; en caso de no hacer el pago al mes siguiente la cantidad se duplicaría. Esperamos que la Fiscalía General del Estado de Veracruz realice su trabajo de manera profesional y objetiva, brindando apoyo a la víctima y no tratando de proteger a los victimarios. ¡Estaremos pendientes!
Nos quejamos del próximo Poder Judicial, pero el actual está de asco. Absuelven a Israel Vallarta, les tomó 20 darse cuenta de que no había pruebas suficientes
Al parecer los jueces estaban esperando a que muriera Isabel Miranda de Wallace, pues a unos meses del deceso, una jueza descubre, después de 20 años de tenerlo preso, que no hay pruebas suficientes como para imputar los delitos de que lo acusan. Israel Vallarta Cisneros, fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez en un operativo mediático orquestado por Genaro García Luna. Israel Vallarta fue acusado de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, banda dedicada a delitos como secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. La presión de Isabel Miranda de Wallace, quien acusó a la banda de “Los Zodiaco” de haber secuestrado y asesinado a su hijo Hugo Alberto Wallace, fue determinante para mantener preso a este sujeto. De acuerdo con reportes periodísticos, el caso de Israel Vallarta estuvo marcado por tortura, violaciones al debido proceso y un montaje televisivo y ha sido señalado como emblemático de las fallas del sistema judicial mexicano. Vallarta fue liberado del penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México. La jueza Mariana Vieyra Valdez, del Juzgado Tercero de Distrito en Toluca, determinó que la Fiscalía General de la República no presentó pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.
Armando Ortiz Twitter: @aortiz52 @lbajopalabra
