El domingo por la noche me chuté los nueve minutos con 55 segundos que utilizó el diputado Marlon Ramírez Marín, para dar a conocer su posicionamiento sobre el tema de ultrajes a la autoridad que se ventiló ese día en sesión extraordinaria del Congreso Local.
Como sabía de antemano que los diputados de Morena y sus aliados votarían a favor de que ese nefasto delito siguiera formando parte del artículo 331 del Código Penal, casi al final de su ponencia Marlon vaticinó: “Posiblemente en 24 horas el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome una determinación que pueda echar por tierra esta decisión”.
El decir, el diputado priista apostó a que la SCJN declararía inconstitucional el delito… y como fue.
Los togados determinaron que así como está tipificado, ultrajes a la autoridad vulnera los derechos de libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad. (Taxatividad: Exigencia de que los textos en los que se recogen las normas describan con precisión qué actos o conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. De nada, lector).
“Golpazo contra el gobierno y el Congreso de Veracruz; golpazo” dijo Ciro Gómez Leyva. Y sí, golpazo.
Sintiendo acaso que los ministros ultrajaron su autoridad, el gobernador advirtió que enviará al Congreso una iniciativa de Ley para castigar la agresión violenta con armas a los ciudadanos y servidores públicos.
Alguien debería apiadarse de él y decirle que esa ley ya existe; se llama Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde vienen tipificados los delitos contra los servidores públicos y las penas a las que se harán acreedores los infractores o agresores.
Lo que quiere en realidad Cuitláhuac es hacer una ley parecida a ultrajes a la autoridad. Y no porque le importen las agresiones (supuestas o reales) a los policías, sino porque quiere seguir encarcelando a sus enemigos políticos.
Ciego como está (por ignorancia o por soberbia), no quiere darse cuenta que mientras más puje por leyes que vayan en detrimento de sus gobernados, más acerca a su partido al desfiladero.
Los veracruzanos ya lo conocen, saben que no se le da el diálogo, que no es concertador, conciliador ni tolerante y se la van a cobrar en las urnas.
El estigma de represor que se ganó desde marzo del año anterior cuando mandó a la cárcel a Rogelio Franco Castán acusado de ultrajes a la autoridad, no se lo quita nadie. Y ese estigma jugará contra Morena en el 2024.
Pero mientras esto sucede, qué tristeza por Veracruz y sus autoridades.
En lo personal, nunca imaginé que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, se expresara con tanta vehemencia a favor de una ley injusta y arbitraria que tiene en prisión a más de mil veracruzanos. Calificar de “aberrante” que se quisiera derogar el delito de ultrajes a la autoridad, ha sido lo más aberrante que ha dicho doña Isabel Romero Cruz.
Qué lamentable que los poderes Legislativo y Judicial sean tan faltos de independencia y estén entregados sin pudor al Ejecutivo estatal.
“Estamos mal como sociedad, pero es entendible porque se está llevando al grueso de la población al extremo de sobrevivir el día a día y no tiene tiempo de cuestionarse este tipo de problemas. Además, quien se atreve a cuestionar es avasallado por el poder”, me dijo un amigo en charla de café y no le falta razón, lector.
Por desgracia no le falta razón.
