Con el fin de garantizar el derecho humano en materia de acceso al servicio de agua, la diputada del GLPAN, Montserrat Ortega Ruíz, presentó una iniciativa para que en los casos de emergencia, sea por enfermedades graves o desastres naturales, se suspenda el cobro de este servicio.
Dicha condonación del cobro deberá ampliarse desde el inicio del evento crítico hasta la fase de recuperación o reconstrucción y sin que exista riesgo alguno para la población que resulte afectada en esta fase.
La iniciativa, que en concreto propone adicionar un último párrafo al artículo 103 de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz, contempla igualmente sancionar a todo aquel servidor público que incumpla con dicha disposición.
Montserrat Ortega sentenció que la situación extraordinaria que atraviesa el estado, lo que incluye una grave crisis económica que deriva en la falta de empleos, obliga a la implementación de políticas públicas solidarias con la población afectada.
Indicó que al ser el lavado de manos una de las principales medidas establecidas como parte del confinamiento y autocuidado durante la pandemia, es necesario garantizar el suministro del agua, que no debe estar condicionado bajo ninguna circunstancia.
Ello incluye la falta de ingresos y por ende la imposibilidad del pago, mismas que no pueden considerarse como una causal para la falta de suministro del líquido, pues de hacerlo, se pondría en riesgo la vida de los veracruzanos.
Recordó que el decreto que extingue diversos fideicomisos públicos del estado y cuyas partidas quedarán ahora en poder del ejecutivo para su uso discrecional o ser devueltos a la Federación, pueden ser utilizados para el combate del coronavirus Covid-19, incrementando el presupuesto de la Secretaría de Salud y garantizando bonos a quienes están en la primera línea de combate de la pandemia, además de incluir apoyos para los ciudadanos afectados por el desempleo.
