Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
14 de diciembre del 2021.
Titular de la Contraloría General impone actos de corrupción en dependencia encargada de combatirlos
Durante la comparecencia ante diputados locales en el Congreso de Veracruz de la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, nos quedó claro ser una incompetente, evasora de deberes legales y se impone un abuso de poder para convertirse en policía china vigilando las publicaciones de los trabajadores en redes sociales y omite olímpicamente, las anomalías y abusos administrativos del gobernador Cuitláhuac García, al imponer a primos hermanos en cargos públicos trascendentales y beneficiando a familiares en un claro conflicto de intereses. Y cuando la casa es un chiquero, la contralora sólo se limita a decir burradas.
Vamos a recordarle a la flamante contralora general, por qué aseguramos que la CGE es un chiquero…
Iniciamos con el director general de Fiscalización de la Contraloría General, Miguel Montoya Barradas, hermano de la exdirectora de Tránsito en la administración de Fidel Herrera, Martha Montoya. Se asegura que Mercedes Santoyo protege incondicionalmente a Miguel Montoya, hasta meter a su sobrino Sergio hijo de Martha Montoya, para laborar en la dependencia encargada de evitar los actos de nepotismo y conflicto de intereses.
Además de haber publicado el caso de Zulma, quien fue despedida cuando está en un tratamiento por un cáncer agresivo, también el caso de Marisol, quien fue despedida el 9 de agosto y se encuentra enferma, teniendo conocimiento la propia Mercedes Santoyo, bajo una falta de ética al correr a empleadas con enfermedades graves. Marisol llevaba 22 años laborando y de un plumazo, fue despedida de la Contraloría General.
También, se dio un apercibimiento que resolvió un juez, bajo un amparo en contra de la directora jurídica de la Contraloría General, Nilo Lucía Mena Aguilar, por comportarse de forma denostativa en contra de Roque Herlindo “N” y de seguir así, sería merecedora a una multa. Nilo Lucía Mena está para proteger a la contralora general y además, permite que Mercedes Santoyo firme a nombre de esta titular del jurídico, como lo dimos a conocer en pasadas entregas.
Otra incompetencia es su secretaria particular Beatriz Mulato Ostos, quien firma como Licenciada, sin tener Cédula Profesional y es la maestra de Yoga, quien gana $52 mil pesos. Sin tener el perfil para el cargo, hace comentarios sobre declaraciones patrimoniales y es curioso, que en su primera declaración patrimonial, ésta fue extemporánea.
Y como ya lo habíamos advertido, Rocío Carolina Sigala Aguilar es la secretaria técnica de la Contraloría General del Estado y hermana del magistrado del Tribunal del Estado de Veracruz, Eduardo Sigala Aguilar, encargado de tirar elecciones municipales como la del Puerto de Veracruz y mantiene a verdaderos cochineros electorales en otros municipios, dando el triunfo a MORENA. A cambio, la cuñada de Rocío y esposa de Eduardo fue nombrada magistrada.
Existen dos casos emblemáticos, de cómo la contralora general Mercedes Santoyo protege a sinvergüenzas y se realizan actos de corrupción. Guadalupe Noé Hernández Martínez, quien en octubre del 2018, es nombrado encargado de la Secretaría Técnica, para fines de operatividad de la Secretaría Ejecutiva y su único antecedente en dicho organismo fue el de jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad Administrativa. En abril del 2019, renunció como encargado de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.
Al mismo tiempo, se autoriza su retorno como jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad Administrativa, de la Secretaría Ejecutiva. En junio del 2019, otra vez renuncia como jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad Administrativa, de la Secretaría Ejecutiva y en agosto del mismo año, lo nombran jefe de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales del Ayuntamiento de Córdoba, en la administración de la alcaldesa Leticia López Landero. Actuando en conjunto con José Iván Cornejo Cuauhtémoc, Guadalupe Noé Hernández Martínez autorizó la compra de torres de vigilancia, mismas que resultaron obsoletas durante un ataque armado, el 22 de febrero del 2020, murieron 2 elementos acribillados de la Policía Municipal.
En el mismo febrero del 2020, Guadalupe Noé Hernández Martínez renuncia como jefe de departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales del Ayuntamiento de Córdoba y en enero del 2021, bajo el número 5ME/CG/UALDRH/028.1/2021 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Independientes, este sinvergüenza cobró por honorarios con la Contraloría General del Estado, la cantidad de $42 mil pesos mensuales.
Actualmente se ostenta como jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Contraloría General del Estado y participa en el Subcomité de Adquisiciones, asesorando a la titular de la Contraloría, la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.
Otro caso emblemático de actos de corrupción es bajo la protección del Lic. José Iván Cornejo Cuauhtémoc… En enero del 2019 fue nombrado titular de la Unidad Administrativa de la SESEAVER. En junio del mismo año, renuncia a su cargo como jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz. En agosto de este 2019, obtuvo el nombramiento como director de Recursos Materiales del Ayuntamiento de Córdoba, en la administración de la alcaldesa Leticia López Landero, en conjunto con Guadalupe Noé Hernández Martínez realizando la compra de 2 torres de videovigilancia y se presume un desfalco a través de la facturación de una empresa “fantasma” o fachada, por lo menos en $3 millones de pesos, al reportar un pago por ese equipo de vigilancia de $7 millones 540 mil pesos.
Las 2 torres de videovigilancia que la alcaldesa Leticia López Landero entregó el pasado 11 de octubre del 2019 no eran nuevas, fueron reconstruidas y adaptadas para tales fines. En febrero del 2020, José Iván Cornejo Cuauhtémoc fue destituido de su cargo como director de Recursos Materiales del Ayuntamiento de Córdoba, debido a las denuncias que enfrenta por corrupción y la más reciente, interpuesta por la dirección de Turismo y Cultura por adquirir instrumentos e “inflar” el presupuesto de compra, además de ser el principal responsable de autorizar la compra de torres de vigilancia sin blindar, que resultaron obsoletas, mismas, durante un ataque armado en el que murieron 2 elementos acribillados de la Policía Municipal, con fecha del 22 de febrero 2020.
Otro caso de encubrimiento por actos de corrupción y protegido de Mercedes Santoyo es Víctor Carlos Velázquez Olmedo, quien tuvo un cargo como analista en la Contraloría General del Estado, con un sueldo mensual de $15 mil pesos y su fecha de alta fue el 16 de septiembre del 2019 y dado de baja el 15 de febrero del 2020. Siendo Ingeniero Civil su cargo real es la solución de conflictos y atención a organizaciones populares, así como trabajar bajo presión. Trabajó en el Ayuntamiento de Veracruz en el periodo 2014-2018, en el área de la Contraloría Municipal, como jefe de Auditoría Técnica. Y este funcionario de bajo perfil pertenece al llamado Cártel de la Contraloría General encabezado por Víctor Carlos Velázquez Olmedo y teniendo como operadores a Luis Ignacio Silva Bello y encubriendo a éstos, la titular del Jurídico Nilo Lucía Mena Aguilar y ellos también se unen con otro Cártel, ahora en el DIF de Veracruz, bajo la operatividad de Ignacio Alejandro Montero Álvarez, inhabilitado de la función pública cuando era secretario particular de Héctor Ruz Santamaría, también destituido por desvíos de recursos a su paso en el DIF Estatal, donde también está destituida en el cargo Alejandra Alcázar Piza e inhabilitada también en la función pública. Todos, protegidos por Mercedes Santoyo Domínguez.
Mafias protegidas por el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien se rodea mayormente de improductivos, incapaces, pero además, grupos de corrupción para hacer negocios, al amparo de una dependencia que tiene la encomienda de combatir la corrupción y en sus filas, los mismos servidores públicos realizan desvíos de recursos y operatividad para beneficio de MORENA.
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