*Proponen la creación de un Consejo de Transporte que involucre a todos los sectores.
*Piden una tarifa mínima para taxis en todo el Estado de 50 pesos.
*Reclaman apertura al diálogo con autoridades estatales y destitución del Director de Transporte Público.
*Denuncian clausuras injustificadas a través de la Fiscalía General del Estado.
Por Redacción
Transportistas de todo el Estado piden al Gobierno de Veracruz ser tomados en cuenta dentro del Plan de Reordenamiento que ha iniciado para mantener la armonía y mejorar el servicio a los usuarios por lo que solicitan una audiencia con las autoridades estatales y proponen la creación de un Consejo del Transporte en el que participen todos los sectores de la sociedad y en el que se acuerden desde las tarifas mínimas para la prestación de servicios en su modalidad de transporte urbano, suburbano, colectivo, taxis y hasta los costos por arrastre y encierro emanados de accidentes, operativos, delitos y/o violación al reglamento de tránsito y transporte.
Los transportistas, encabezados por Mario Castillo y Antonio Lima exponen nuevamente la necesidad de remover al Director de Transporte Público, Luis Manuel Galicia Castañon, para terminar con la corrupción existente al interior de esa dependencia y lograr poner finalmente orden y transparencia en la instancia desde donde se debe alcanzar un verdadero ordenamiento en el servicio de movilidad de pasajeros así como en la operación de grúas y corralones en todo el Estado.
Solicitan a la gobernadora Rocío Nahle García y al Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, se incluya a los transportistas en el Plan de Reordenamiento que ha iniciado a fin de que se logre poner orden en la prestación de sus servicios, particularmente fijar una tarifa mínima para todo el Estado que proponen sea de 50 pesos dado a que los costos de operación e insumos rebasan por mucho los 25 y 35 pesos que en algunas ciudades como Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos y Córdoba se han mantenido desde hace más de 20 años.
En el caso de las grúas y corralones, reclaman que el director de Transporte Público, Galicia Castañon, mantiene total cerrazón a atender a los empresarios que desde hace varios meses tratan de regularizar su función negándose a otorgarles los permisos correspondientes para operar pese a que les exige el cumplimiento de innumerables trámites y el pago de fuertes sumas de dinero, que aunque se cubren, no ha entregado los permisos presionando a través de funcionarios menores al pago de dádivas para facilitarles la atención requerida.
Aseguran que en los días recientes ha presionado aún más a los empresarios del ramo utilizando a la Fiscalía General del Estado para clausurar corralones que incluso están fuera de funciones desde hace varios años, esto para amedrentar al resto de los propietarios de los encierros a pagar cantidades que van desde los 100 a los 500 mil pesos para no realizar “cateos” en los que utilizan a la Policía Ministerial cuyos elementos “siembran” drogas, armas, motos robadas y vehículos que están fuera de circulación desde hace varios años con reporte de robo.
“Todos estos son delitos graves que debe de investigar las autoridades estatales y federales pues son parte de una estrategia del director de Transporte para perjudicar a los dueños de grúas y corralones al pretender imponer sus propias empresas y encierros que esta misma semana tiene listos para operar”, denunció Mario Castillo quien asegura en Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba. Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Ríca-Túxpan ya tiene listo el parque vehicular con que operarán sus empresas.
Es por ello que los transportistas proponen la creación de un Consejo Estatal de Transporte, en el que participen no solo autoridades y transportistas, sino los diferentes sectores involucrados, es decir, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones campesinas, pensionados y jubilados, sindicatos de trabajadores, todos los representantes de la sociedad que utilicen el transporte público para aportar su opinión en la toma de decisiones, particularmente en la adecuación de las tarifas en todo el Estado, quiénes tendrían derecho a descuentos y la posible sanción a quienes incurran en abusos, corrupción y/o la comisión de alguna irregularidad o delito.
Esperando una respuesta a sus peticiones, los transportistas esperan esta misma semana se atiendan lo que consideran justas demandas y propuestas para bien de los usuarios en todo el territorio veracruzano.
