“La conducta es un espejo en que cada uno muestra su imagen.” – Johann Wolfgang von Goethe.
Finalmente, después de darle vueltas y vueltas al tema el Congreso de Veracruz debió emplear una faramalla para tapar la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado.
Y es que sesionar en domingo, al cuarto para la hora, y no ser “sancionados” por el Senador de la República o por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hacer ajustes al artículo 331 del Código Penal de Veracruz en el que se tipifica el delito de ultrajes a la autoridad, resultó ser el ardid más vil y corriente que pudieron emplear los legisladores.
Es evidente, que al interior del grupo legislativo de Morena no existe el acuerdo, ni se estaba a favor de no derogar el delito, sabían que el delito estaba mal, pero reconocer el error es lo mismo que señalar directamente la incompetencia de una Fiscalía que ha actuado como brazo ejecutor del Poder Ejecutivo para poder eliminar del tablero político a los rivales más acérrimos.
Es así como contraviniendo las recomendaciones de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y empleando la Litis en el sentido de que el delito encuentra símiles en 18 códigos penales estatales, el mismo, debía ser reformado más no derogado.
Avalando con ello, el empleo de un delito considerado inconstitucional por la misma SCJN, pues, la razón absurda de su uso, se basa en garantizar el respeto a las autoridades policiales, que en muchos casos con uso de la fuerza, violando toda garantía, detienen a los ciudadanos, sin que medie de por medio delito y mucho menos orden judicial para ello.
Así, en un teatral montaje, los elementos de seguridad, aluden “ultrajes a la autoridad” ante cualquier incidente, ya sea verlos feo, sacarles la lengua, o incluso llegarles a mentar la madre, algo que ha quedado demostrado, puede ser causal de traumas tan severos que los elementos uniformados, por más que vayan armados hasta los dientes, aparentemente, se vuelven vulnerables con una simple mentada de madre.
La determinación asumida por 33 de los 48 diputados que emitieron su voto a favor, quedará como evidencia, de que con tal de salvarle la plana a los inútiles que embarcaron al mismo Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez en este escándalo, habrán de asumir el costo político de tan obtusa y absurda decisión.
El no llamar a cuentas a la Fiscal General, Verónica Hernández Giandáns como única responsable de la ineptitud en el desempeño de su función al fundar los dichos del mismo gobernador García Jiménez –a quien han hecho salir a declarar- que por este delito podrían salir cientos de líderes y delincuentes del crimen organizado, es tanto o más como admitir, que no hicieron bien su trabajo.
Las integraciones de las carpetas de investigación contra criminales de este calibre no pueden ser fundadas en el supuesto de “ultrajar a la autoridad”, o será más bien que no quieren admitir, que, con el mismo justificante, encarcelaron a todos los opositores políticos que hoy están en prisión.
La faramalla armada es la confirmación de que cuando la incapacidad, el desconocimiento, y la ineficiencia gobiernan, la sociedad paga las consecuencias, pero también registra los graves errores que tarde o temprano Morena y sus aliados habrán de pagar.
Al tiempo.
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