Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
13 de mayo de 2025
UV no cumple con requisitos básicos necesarios para garantizar la seguridad de la población en sus instalaciones
*** Preocupación, porque los esfuerzos en materia de Protección Civil y Educación sobre el Riesgo de Desastres se limitan a aspectos generales y superficiales, sin abordar las necesidades reales de seguridad por parte de la Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora.
En esta entrega, compartimos esta preocupante carta a la redacción: Somos un colectivo de trabajadores afiliados al Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, conocido como FESAPAUV. A través de este comunicado, queremos hacer pública nuestra denuncia sobre diversas irregularidades que hemos observado dentro de la institución. Nuestro objetivo es instar a nuestras autoridades a que tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad laboral y la integridad física de todos los trabajadores y de la comunidad universitaria en su conjunto.
Las leyes existentes obligan a la Universidad Veracruzana a cumplir con las normativas que existen en materia de protección civil, siendo una de estas el mantener una coordinación permanente con las dependencias de los tres niveles de gobierno asentadas en la Entidad, debiendo en su caso, realizar campañas que informen y orienten a la ciudadanía sobre las emergencias y situaciones de riesgo que puedan afectarle. Como esto último no se da de ninguna forma, suponemos que tampoco existen esos vínculos de coordinación, por lo que consideramos que la Universidad Veracruzana actúa de manera aislada, discrecional y errática, descuidando los temas de seguridad y de protección civil considerados actualmente como derechos humanos universales.
Estos señalamientos que ahora hacemos del conocimiento público, los conocemos por los reportes que continuamente recibimos de muchos de nuestros compañeros agremiados, quienes manifiestan que contrariamente a lo que la ley de protección civil obliga, la Universidad Veracruzana no cumple con la gran mayoría de los requisitos básicos necesarios para garantizar la seguridad de la población que utiliza sus instalaciones; resulta además notorio que a pesar de haber cumplido 80 años de haber sido creada, esta Casa de Estudios carece de un área estratégica, necesaria y por ley obligatoria, como es el caso de la Unidad Interna de Protección Civil, misma que es responsable de formular y operar el Programa interno de Protección Civil, también inexistente; observamos que, dentro de ningún inmueble universitario, existen Unidades Internas de Protección Civil con sus correspondientes Programas Internos y Externos debidamente autorizados; tampoco, se cuenta con los tan necesarios Análisis de Riesgos emitidos por especialistas, Dictámenes de Ingeniería Eléctrica y Estructural formulados por peritos en la materia y Dictámenes Técnicos de Riesgo previos a la construcción de obras universitarias, para evitar que estas se asienten en zonas de riesgo; ya no se diga de tantos expendios de comida que existen dentro de las distintas facultades universitarias, los que sin duda manejan Gas L.P. y electricidad para el equipamiento que utilizan y tienen comúnmente una gran afluencia de personas; desde luego que estas instalaciones no cuentan con las certificaciones de peritos en la materia y menos aún con los dictámenes de riesgo que pudieran prevenir incidentes de consideración; todas estas carencias que son el resultado de la negligencia institucional, son constitutivas, de acuerdo a la ley, de delitos graves y por ende pueden ser sancionadas con prisión de tres a diez años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo vigente en la capital del Estado.
Por su parte, es importante señalar que la Secretaría de Desarrollo Institucional, actualmente bajo la dirección de la Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, tiene la responsabilidad de gestionar el Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, conocido como SUGUIR. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, este Sistema debería ser el responsable de guardar las condiciones de seguridad de la institución. Sin embargo, hemos observado con preocupación que los esfuerzos en materia de Protección Civil y Educación sobre el Riesgo de Desastres se limitan a aspectos generales y superficiales, sin abordar las necesidades reales de seguridad y prevención de riesgos. Esta falta de cumplimiento con las normativas vigentes mantiene situaciones de riesgo y vulnerabilidad que podrían poner en peligro la integridad física de los miembros de nuestro sindicato y, en general, de toda la comunidad universitaria. Sabemos que el SUGIR ha sido robustecido en su estructura operacional, aunque pareciera que solo se ha tratado de contratar personas recomendadas sin ninguna experiencia, ya que a pesar de esto su pobre desempeño sigue siendo prácticamente el mismo.
Por si fuera poco, se observa en la generalidad de las edificaciones universitarias, una alarmante falta de equipamientos y dispositivos esenciales para la seguridad, tales como hidrantes, extinguidores, equipos contra incendios, y señales informativas, preventivas y restrictivas y de obligación y luces de emergencia, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Tratados Internacionales aplicables; tampoco existen salidas o escaleras de emergencia, rutas de evacuación formales y seguras e instructivos y manuales donde se consignen las reglas y orientaciones que deben observarse en caso de una emergencia y en los que deberían señalarse las zonas de seguridad o los puntos de reunión, mismos que no se encuentran actualmente definidos y marcados.
Los simulacros de evacuación, como el que se llevó a cabo el 29 de abril pasado, se realizan de manera superficial, casi como un espectáculo circense, donde se presume romper récords de velocidad en el desalojo del personal. Sin embargo, estas prácticas se llevan a cabo por rutas que no son de emergencia, ya que no existen tales, y se desarrollan en un ambiente de desorden y de caos, guiadas torpemente por los mismos trabajadores quienes fungen como brigadistas oficiales, los que mediante un silbato y un gran vozarrón dan instrucciones a diestra y siniestra acentuando la histeria y el pánico que suele darse en estos casos. Esta situación se agrava aún más por la falta de protocolos adecuados y la ausencia de señalización que indique las inexistentes rutas de evacuación, lo que se traduce en desorden y caos total cuando realmente ocurre un temblor donde cada persona debe buscar su propia salvación.
El tema de la protección civil en esta institución se ha convertido en un asunto tabú; pocos se atreven a mencionarlo o a discutirlo abiertamente. Se argumenta que no hay recursos financieros suficientes para implementar las medidas requeridas por la ley. No obstante, es importante señalar que la solución no se limita únicamente a la disponibilidad de fondos; muchos de los instrumentos que se hacen necesarios para mejorar la protección civil, podrían haber sido desarrollados por los propios trabajadores administrativos, alumnos y académicos de las diversas regiones de la UV, a través de programas de trabajo que para el caso se hubieran implementado. La ausencia de partidas presupuestales específicas para la protección civil dentro de los presupuestos anuales autorizados en la UV, evidencia un desinterés total por parte de las autoridades y demuestran la falta total de voluntad política que ha existido durante la presente administración para atender este importante tema, lo que plantea interrogantes serios sobre el compromiso de la institución con la seguridad de sus miembros.
La comunidad universitaria es consciente de que la Institución enfrenta una crisis financiera sin precedentes, la cual está impactando de manera significativa la realización de sus funciones esenciales. Muchas de estas han sido suspendidas o se llevan a cabo de manera incompleta y deficiente, como es el caso de aquellas vinculadas a la protección civil. El déficit financiero que actualmente afecta a la Universidad Veracruzana se debe, en gran medida, al incumplimiento de los subsidios que por ley le corresponden, como el famoso 4% que el Gobierno del Estado no aportó en su pasada administración. Esta situación, que fue aceptada de manera implícita, cobarde e irresponsable por las autoridades y la comunidad universitarias, ha generado un impacto económico considerable, representando entre 2023 y 2024, cerca de 1,800 millones de pesos anuales, equivalente al 30% del presupuesto anual autorizado. Este panorama ha tenido repercusiones negativas en múltiples aspectos de la vida universitaria.
Además, esta difícil realidad se ha convertido en un pretexto para suspender, retrasar o incluso anular diversas acciones universitarias que no son de interés para las autoridades, mientras que se priorizan aquellas que garantizan el pago de nóminas, bonos y otras compensaciones que estas reciben de manera generosa. Es importante señalar que tales erogaciones son desproporcionadas en comparación con las condiciones laborales del resto de los trabajadores, quienes son los que realmente realizan el trabajo arduo y necesario. A su vez, se observa un cuidado excesivo en cubrir gastos superfluos que buscan mejorar la imagen y proyección de la Universidad Veracruzana y su Rector, a través de eventos ostentosos y poco relevantes, así como de aportaciones a medios de comunicación, un manejo exagerado de redes sociales, y un uso desmedido de vehículos oficiales y rentados. Todo esto se complementa con viajes constantes, tanto a nivel nacional como internacional, que parecen más enfocados en la ostentación que en el bienestar de la comunidad universitaria.
A pesar de los discursos oficiales que diariamente se emiten desde la Rectoría sobre la supuesta austeridad republicana aplicada al gasto universitario, la realidad es bastante diferente. El Director del SUGUIR disfruta de ingresos desmesurados que, aunque no justifican su labor, le permiten llevar un estilo de vida ostentoso. Este incluye viajes alrededor del mundo y la posesión de varios automóviles, entre los cuales destaca un lujoso Mercedes Benz, Clase CLA 250, cuyo valor supera el millón de pesos. Sin embargo, se repite el mismo discurso de que no hay recursos disponibles. La situación se ve favorecida por la falta de un registro patrimonial de los servidores públicos en la Universidad Veracruzana, lo que exime a estos altos funcionarios de presentar una declaración de sus ingresos. Esta opacidad les permite actuar con total discrecionalidad, beneficiándose de manera desmedida y en función de sus propios intereses.
Este contexto sugiere que, bajo las políticas nefastas aun impuestas en la UV por Cuitláhuac García Jiménez, el Rector y sus allegados impulsados y cobijados por este, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para perpetuarse en el poder. Su ambición es tal que como lo hemos visto, han recurrido a prácticas indignas y cuestionables para asegurar su continuidad en esta más que decaída casa de estudios. Esto se hizo evidente en acciones como la entrega de premios injustificados a supuestos inventores, en la manipulación burda de la Ley Orgánica en componenda con el Consejo Universitario, o tratar de sorprender al Congreso del Estado para que en fast track, se aprobaran sus pretendidas y convenientes reformas y favorecer con todo esto sus mezquinas aspiraciones de reelección. Creemos que ni los legisladores actuales ni la Gobernadora del Estado, solaparan estas inmorales e indignas pretensiones.
¿Nos cuestionamos, en donde están la Junta de Gobierno y la Contraloría Interna?, instancias que deberían proteger los intereses de la universidad y garantizar el cumplimiento de las leyes, aquellas que creemos que alguna vez juraron respetar. ¿Asimismo, donde están los sindicatos universitarios, incluido el nuestro?; estos parecen haber caído en una complacencia alarmante, priorizando intereses personales sobre la defensa de sus agremiados. Esta situación se agrava al observar que aquellos que deberían velar por el bienestar de la comunidad universitaria están más preocupados por sus propios intereses y conveniencias. A pesar de su aparente desconocimiento de la ley, es evidente que son conscientes de las carencias en materia de seguridad que se dan en su entorno laboral. Estos individuos, que ostentan posiciones privilegiadas, se benefician de un sistema de trueque en el que intercambian favores y prebendas, encubriendo abusos y omisiones que los convierten en cómplices de una conducta que, a todas luces, se aproxima a lo criminal.
Sin duda, surge la inquietud sobre la permisiva inacción de la Secretaría de Protección Civil estatal, que ha estado ausente en el cumplimiento de sus responsabilidades legales, no solo en la Universidad Veracruzana, sino en todas las instancias de la Administración Pública, ya sea estatal, federal o municipal. La falta de preparación y de una cultura sólida en materia de protección civil es alarmante, especialmente cuando recordamos el devastador sismo que vivimos en 1985 en la Ciudad de México, un evento que dejó cicatrices profundas y que evidenció la fragilidad de nuestras estructuras y protocolos de seguridad.
A casi cuatro años de esta administración universitaria, la ausencia de iniciativas concretas para implementar políticas de prevención de riesgos es preocupante. La inacción parece ser la norma, y no se vislumbra ya ningún cambio en el horizonte. La historia nos ha enseñado que, lamentablemente, solo se actúa ante la inminencia de un desastre o después de este. La expectativa es que, en algún momento, un evento significativo nos obligue a reaccionar, y será evidente quiénes son los responsables de estas negligencias. La identificación de los actores que han permanecido inertes ante esta situación será crucial, ya que su indolencia podría tener consecuencias devastadoras para aquellos que menos pueden afrontar el impacto de un desastre. Esta carta representa un testimonio claro para el futuro.
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