*Puebla aprueba Ciberasedio; en Campeche clausuran medio
*Reviven difamación y calumnias a pesar de estar derogado
NO CABE duda que el arribo de la Cuarta Transformación al poder ha significado un dolor de cabeza para los medios de comunicación de línea crítica, aunque la tendencia es acallar a toda instancia que resulte un contrapeso al Poder Ejecutivo, sea Federal o Estatal, incluso a dependencias cuyo objetivo era facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y a la protección de los datos personales, promoviendo la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Por ello desaparecieron al INAI, y ahora van contra la prensa libre, la que ejerce su derecho a informar, y el experimento –que podría extenderse a todo el País-, ya inició en Puebla, donde a propuesta del gobernador Alejandro Armenta Mier, que ha demostrado ser más arbitrario que un dictador latinoamericano trasnochado, el Congreso de ese Estado aprobó una reforma al Código Penal que sanciona campañas anónimas en redes sociales, bajo el argumento de que no está dirigida a censurar medios de comunicación ni periodistas, sino a combatir el “ciberasedio”, o al menos eso dice la presidenta del Poder Legislativo, Laura Artemisa García Chávez, reiterando que la iniciativa no tiene dedicatoria y responde a una demanda social ante el incremento de ataques anónimos en plataformas digitales, autorizando cárcel para críticos en redes, mientras que en Campeche una jueza de control ordenó, por instrucciones de la Gobernadora Laysa Sansores San Román, vincular a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna por presuntos delitos de “incitación al odio y a la violencia” contra la mandataria, pero no solo eso: la sentencia de la juzgadora a modo, incluye el cierre total de la plataforma digital del diario Tribuna, la prohibición a González Valdez para ejercer el periodismo, así como la vinculación a proceso para el representante de la empresa editora del medio Isidro Yerbes, y el pago de dos millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social estatal, Walther Patrón Bacab. Pero volviendo a Puebla, el nuevo delito de ciberasedio será aplicado a quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud”, por lo que se castigará hasta con tres años de cárcel, muy a pesar de la postura de los legisladores panistas Susana Riestra Piña y Rafael Micalco Méndez, quienes denuncian que la reforma podría usarse para acallar voces críticas y periodistas incómodos a los gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional, aunque en contraparte García Chávez reitere que el concepto de “ciberasedio” crea un tipo penal específico, consultado con especialistas de la Policía Cibernética y la Fiscalía General del Estado. De esa manera, convertida en docta en la materia -muy a pesar de los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política del País-, la presidenta del congreso poblano dice que el ciberasedio se diferencia del acoso, ya que este último está tipificado como un delito de índole sexual, mientras que el primero sanciona la conducta reiterada de difamación y calumnia en redes sociales.
LO QUE ignora la morenista y el propio Gobernador poblano, Alejandro Armenta Mier, es que en México los delitos de calumnias y difamación, que antes se contemplaban en el Código Penal, han sido derogados en la mayoría de las entidades federativas, incluido Puebla, y aunque aún existen ciertas entidades donde siguen vigentes como Campeche, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, se les ha instado a que los deroguen. La anulación de esos ilícitos implica que ya no se consideran delitos penales y, por lo tanto, no conllevan penas de cárcel. Ahora bien, la derogación se fundamenta en los estándares internacionales de libertad de expresión, que consideran que el uso del derecho penal para perseguir delitos de opinión es desproporcionado y restrictivo. Por ello, en lugar de penas de cárcel, las afectaciones a la reputación y al honor se suelen tratar a través de demandas por daño moral, que buscan una reparación económica o una disculpa pública. Como fuera, la revocación de los delitos de calumnias y difamación es un avance importante para garantizar la libertad de expresión, ya que evita que las personas sean perseguidas penalmente por expresar sus opiniones, facilita un debate público más abierto y plural, sin el temor a ser encarcelado por externar puntos de vista considerados ofensivos por otros. Y es que la posibilidad de demandar por daño moral, en lugar de perseguir penalmente, permite a los afectados buscar una reparación por los daños sufridos, sin restringir la libertad de expresión. En resumen, la tendencia en México es hacia la derogación de los delitos de calumnias y difamación, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y la promoción de la libertad de expresión, contrario a lo que pretende Armenta Mier, usando a un congreso a modo, y sentando las bases para que la Federación y otros Estados le hagan segunda, estableciéndose un régimen dictatorial y autócrata que acalle a las voces críticas, no solo de los periodistas sino de la sociedad en general.
LA PRESIDENTA del congreso poblano, García Chávez, servil al poder que le ordena y manipula, dice que “era necesario tipificar las difamaciones y calumnias de manera contundente, para que el orden jurídico se adapte al contexto actual de las tecnologías de la información”, y en respuesta a quienes exigieron foros de discusión, la legisladora morenista señala que la iniciativa estuvo siete meses disponible para análisis y debate, y acusó –como siempre- a la oposición de querer confundir a la ciudadanía, pues recordó que durante los gobiernos panistas prevaleció el autoritarismo y la sinrazón, y que quienes hoy critican nunca cuestionaron nada en ese periodo. De nada valió que la panista Susana Riestra propusiera retirar el dictamen, argumentando que el concepto de “asedio” no está contemplado en el Código Penal Federal, a diferencia del acoso, pero su propuesta fue rechazada, ya que las legisladoras de Morena, Graciela Palomares Ramírez y Nayeli Salvatori compartieron que han sido víctimas de campañas de difamación en redes sociales, donde han recibido insultos y ataques reiterados. Como fuera, la reforma fue aprobada en el pleno con 35 votos a favor y cinco en contra, tras un debate marcado por acusaciones y descalificaciones entre las bancadas.
MEXICO SE encamina hacia una dictadura debido a sus nuevos políticos de piel delgada y sensible que odian la libertad de expresión que les recuerdan su deber con los gobernados, y les ponen freno a la corrupción que no se ha acabado con MoReNa, por el contrario, ha engendrado nuevos ricos que se burlan de la sociedad a la pagan con migajas por su silencio. Articulo 19 y la Red de Periodistas de Puebla destacan que la libertad de expresión incluye discursos que pueden “ofender o insultar”, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que “este derecho protege tanto la información que resulta favorable, indiferente o inofensiva, como aquella que resulta chocante, inquietante u ofensiva para el Estado o la sociedad”. Otros delitos creados con la reforma poblana al Código Penal son en materia de espionaje digital, que tipifica que lo comete quien “se introduzca a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legal y legítimo titular”, así como el delito de usurpación de identidad, atribuible a “quien utilizando tecnologías de información obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última”. Vaya con la Cuarta transformación que no es otra cosa que un viraje hacia sistemas de Gobierno como el de Cuba, Venezuela o Nicaragua, por solo citar algunos. OPINA carjesus30@hotmail.com
