Urge contener ola criminal que azota a Veracruz.
El asesinato del periodista José Luis Gamboa, la emboscada, ayer domingo, en contra del dirigente panista de Yanga, Raúl Castillo Ruiz, sumados a las masacres contra 24 personas de las últimas dos semanas, obligan la intervención federal para contener la ola criminal.
La crispación es producto del desborde del crimen organizado en presunta complicidad con el gobierno de Cuitláhuac García, a la par de sus desatinos en la lucha contra sus enemigos.
Hoy la “Ley de Ultrajes”, mejor conocida como “Ley Garrote”, está bajo la lupa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha llamado a la derogación de tan ominoso mandato constitucional.
Todo en el marco del reclamo del Senado de la República por el encarcelamiento de más de mil 400 veracruzanos enemigos del régimen o víctimas de los abusos policiales, punta del iceberg que asoma tras el encarcelamiento de José María del Río Virgen, estrecho colaborador del líder senatorial Ricardo Monreal.
Por lo pronto, hasta este lunes, ominoso silencio guarda Cuitláhuac ante el brutal crimen cometido contra el periodista José Luis Gamboa.
El reportero Gamboa murió en un hospital tras haber sido atacado a puñaladas durante un asalto en el fraccionamiento Floresta, del puerto de Veracruz.
De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades ministeriales, las heridas podrían haber sido causadas durante un intento de asalto, sin embargo por la saña que presentan, la demanda de la prensa estatal y la nacional, es que se investigue bajo el contexto de su labor informativa.
En diversas ocasiones Gamboa señaló la inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz e incluso acusó a la delincuencia organizada de controlar algunas zonas del puerto con la complicidad de las autoridades.
Lo de Gamboa no es un caso aislado.
El 19 de agosto del año que recién concluyó, el periodista y locutor de “Ori Stereo”, Jacinto Romero Flores, fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos en Ixtaczoquitlán, siendo el quinto periodista caído en los últimos doce meses en posibles vínculos con su labor.
Veracruz, para que no se olvide, ha sido considerada desde el 2010 como “La entidad más violenta para la prensa en México”.
Con esa etiqueta, la organización civil “Artículo 19”, resume los asesinatos a 25 periodistas sin que la autoridad mueva un dedo para resolver la escalada particularmente en contra de los comunicadores críticos que tanto incomodan al gobierno.
Las y los periodistas hoy entendemos que Veracruz no es un lugar seguro para ejercer la profesión y que no importa dónde te encuentres, la forma de matar es cada vez más despiadada: los colegas han sido torturados y mutilados antes de ser asesinados, segmentados en pedacitos, sus cuerpos empacados en bolsas de basura.
Regresa a la memoria aquel 8 de marzo de 2011 cuando Noel López Olguín, de 45 años de edad y colaborador de los semanarios locales Horizonte, Noticias de Acayucan y del diario La Verdad, salió de su casa en el municipio de Jáltipan, nunca regresó.
Los mecanismos de silenciamiento, luego de tres gobiernos hasta el presente, han tenido formas distintas, pero iguales resultados.
Hoy las pesadillas de la muerte giran en torno a que en cualquier momento nos pueden matar. Sea el crimen organizado o sean los encarguitos del gobierno, el punto es que lleva más de una década la sicosis de violencia y asesinatos a periodistas.
Presente en el imaginario periodista la historia del caricaturista Rapé (Rafael Pineda) ¿Y lo de Regina Martínez estrangulada en su domicilio? ¿Cómo olvidar el crimen contra el columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), a su esposa y a su hijo fotoperiodista, Misael López Solana, ametrallados cuando dormían?
La periodista de Notiver, Yolanda Ordaz, fue decapitada, y los periodistas Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Gabriel Huge, fueron encontrados en bolsas de basura, sus cuerpos desmembrados y arrojados en el canal de la Zamorana.
Víctor Báez, reportero de policía del Diario de Xalapa, fue encontrado -cortado en pedazos- en bolsas dejadas a dos cuadras del Palacio de Gobierno.
Gregorio Jiménez fue decapitado y torturado, su cuerpo fue arrojado a una fosa clandestina. Moisés Sánchez fue secuestrado y asesinado al igual que Armando Saldaña.
Juan Mendoza fue víctima de homicidio, el periodista Gabriel Manuel Fonseca Hernández, conocido como Cuco, fue desaparecido y el fotoperiodista Rubén Espinosa murió asesinado, antes fue torturado y aunque su crimen ocurrió en la ciudad de México en 2015 siempre se supo que fue por encargo.
Acaso por ello y ante la indolencia del gobierno de López Obrador empeñado en proteger a Cuitláhuac, es que el activista Bryan LeBarón pide al presidente de Estados Unidos, Joe Biden se investigue al gobernador de Veracruz, así como a su Secretario de Gobierno, Eric Cisneros por sus nexos con el narco.
Hoy, Veracruz vive en estado de emergencia.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
