* Obras de ínfima calidad y con sobrecosto * Rocío Nahle: si pierde Coatza, adiós gubernatura * Marlon Ramírez construye la alianza para Fernando Yunes * Gómez Cazarín: ahora se apropia de terrenos ajenos * Venta de garage en el PRI * Eusebia y la directora de Panteones le mienten al juez
MUSSIO CARDENAS ARELLANO
Publicada en mussiocardenas.com
3 de julio de 2020
Uña fina la de Cuitláhuac y su banda gangsteril. Van de la asignación de obra pública sin licitar al cúmulo de contratos para constructores foráneos, a la imitación de Javier Duarte en la treta de las empresas fantasma, al pago por obra no terminada, a las carreteras cuarteadas, a la negligencia criminal. ¿A esto le llaman Cuarta Transformación?
Pirata vulgar, asalta los recursos del erario desde el día que tomó posesión. Usa el rollo de la pureza y el manto de la honestidad, no el discurso de la persuasión pues su gramática mental es un desastre y su retórica una oda al cantinfleo, pero sí el poder para situar en las manos de contratistas afines los dineros de Veracruz.
Una obra, la carretera de Las Choapas a Cerro de Nanchital, se cuarteó con un aguacero.
Otra, la pavimentación del acceso a Coatzacoalcos con concreto hidráulico, ya pagada, con presunto sobrecosto, aún inconclusa y violando los tiempos ejecución.
Una más, la carretera Rinconada-Los Ídolos, feudo del ex alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, asignada a una empresa de pésima fama, que no sabe compactar terreno.
Otra más, la obra asignada a la constructora Cruz Landa, tramo Córdoba-Peñuela, que por falta de señalización, provocó una accidente automovilístico en que perdiera la vida una niña de dos años.
Y otras en la dirección de Espacios Educativos, que evidencian obras fantasma y constructoras fantasma, siguiendo el modus operandi del ex gobernador priista, Javier Duarte, que bajo esa mecánica saqueó a Veracruz.
Y las cifras fatales: 62 por ciento de las obras se otorgan por asignación directa y el 58 por ciento son para empresas foráneas.
Sutilmente, Cuitláhuac García dirige la fuga de recursos. Evita la licitación pública. Desaira la oferta económica de postores. Construye un andamiaje en que el constructor foráneo, incluso de origen panista, se llevan los mejores contratos y cobran hasta por obras inconclusas.
Y el gobernador presume honestidad.
A detalle, las asignaciones develan el nivel de corrupción en el gobierno morenista de Veracruz, el manejo indiscriminado de más de 2 mil millones de pesos en 2019, los alardes cínicos del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, y el daño al erario.
¿Qué tiene esto de Cuarta Transformación?
Sui generis, la construcción de la carretera que va de Las Choapas a la congregación Cerro de Nanchital, donde se mueven los hilos políticos de Esteban Ramírez Zepeta, el ungido de Cuitláhuac, su ex jefe de la Oficina de Gobierno, que debió salir entre acusaciones de malversación y encubrimiento en la Dirección del Deporte, suponiendo que ya libre llegaría a la presidencia de Morena para seguir ahí con su habitual incapacidad.
Su ejecución estuvo a cargo de la empresa Conekta Construcción y Enlaces, S.A.P.I. de C.V., de origen poblano, con un presupuesto de 60 millones de pesos para pavimentar en 52 kilómetros, 16 de los cuales son de concreto hidráulico y el resto con asfalto.
Según reportes de prensa, para la construcción fueron empleados lugareños choapenses, y ya se ven los resultados. A cargo de la supervisión hubo no sólo ingenieros de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas sino personal de Sedesol estatal con sede en Minatitlán; uno de ellos, Oscar Reyes Guzmán.
Los aguaceros de la segunda semana de junio provocaron que a la altura de Los Mulatos el pavimento se cuarteara al deslavarse el subsuelo y exhibieran la ínfima calidad.
Conekta Construcción y Enlaces, S.A.P.I. de C.V. es una prima dona en el contratismo morenista, como antes lo fue en contratismo panista en Atlixco, Puebla, en los días en que Rafael Moreno Valle, entonces gobernador, ejercía el poder a plenitud.
Hoy, la constructora Conekta goza de contratos adjudicados directamente por el titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, entre el coro de ira, protestas airadas, repulsa total de quienes lo ven declarar desiertas las licitaciones para asignarlas a la empresa poblana.
Otro obra, la asignada a la empresa Supervisión y Control Total, de Morelos, en sociedad con el Grupo Constructor TCASA, de la Ciudad de México, para construir el acceso a Coatzacoalcos, entre la carretera Transístmica y la carretera del Golfo.
La asignación fue irregular. El consorcio quedó en el lugar 14 entre los postores de la licitación, por debajo de varias empresas de Coatzacoalcos que presentaron una mejor oferta económica.
Cuando se le habían liberado 35 millones de pesos, Supervisión y Control Total/TCASA solicitó más recursos. La obra inconclusa ya casi fue liquidada, según denuncia el diputado local por el distrito XXX, Gonzalo Guízar Valladares, en video en que acusa que la conclusión de los trabajos fue una simulación. Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador, concluyó su gira al sur de Veracruz, la compañía reanudó la obra.
Guízar advierte que denunciará la simulación, pagos por obra no concluida y presunto sobrecosto ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Por lo pronto, la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, A.C. (Acevac) interpuso denuncias ante la Fiscalía en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos (FDCSP), la Contraloría General del Estado (CGE) y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), controlados por el gobernador Cuitláhuac García.
Una más. La reparación de la carretera Rinconada-Los Ídolos, asignada a Grupaem México JF, acusada un año antes de construir caminos que se cuartean por mala compactación del suelo.
Cuitláhuac le otorgó contrato por 10 millones de pesos. Desde 2015 venía recibiendo obra en el gobierno de Veracruz, obra federal a través de Conagua y del ayuntamiento de Xalapa.
La tragedia también circunda al gobierno de Cuitláhuac García. La construcción del tramo Córdoba-Peñuela, la falta de señalización, el abandono de los trabajos sin advertir riesgos, provocó un accidente fatal. Una niña de dos años, Melissa, perdió la vida a consecuencia del percance.
Desde entonces la ira de familiares, amigos y vecinos se enfoca al titular de SIOP, Elio Hernández, a quien acusan de negligencia criminal y de atenderlos en estado de ebriedad.
El senador panista Julen Rementería del Puerto halló la punta de la corrupción al estilo Javier Duarte, pero en tiempos de la 4T. Espacios Educativos construye aulas, o simula que lo hace. Son obras fantasma. Y hay empresas fantasma, con domicilios fiscales que son casas-habitación de personas ajenas a las constructoras, o cantinas, o negocios de venta de mole.
Y la frialdad de las cifras:
Del total de las obras —2 mil 450 millones de pesos—, el 62 por ciento se asignó de manera directa, sin licitación pública. Así lo expresó el secretario de Infraestructura, Elio Hernández.
El 58 por ciento de de las operaciones del gobierno de Cuitláhuac García es para empresas foráneas, según reportaba en noviembre de 2019 la titular de la Contraloría del Estado de Veracruz, Mercedes Santoyo.
“En el presente ejercicio fiscal —apuntaba—conforme al 15 de noviembre se tienen registradas un total de 25 mil 151 operaciones de las cuáles 23 mil 154 se contrataron con empresas veracruzanas y mil 996 para foráneas. Los montos son otros, diremos que el 42% fue para empresas veracruzanas y el 58% para foráneas.
Sutil atraco al erario de Veracruz, con empresas fantasma, con asignaciones directas, con constructores foráneos.
Así es la uña del gobernador.
Archivo muerto
Hecha pedazos, Rocío Nahle se desfonda en la pugna por las energías renovables, la política eléctrica frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la transa llamada Dos Bocas, el contratismo que enriquece a los compadres y los primos, la nómina de Sener plagada de amigos de inutilidad comprobada, y sus bravatas y habladas en Twitter —usando las cuentas oficiales para el odio y el rencor, con lenguaje de arrabal— que la llevan de escándalo en escándalo. Sus delirios por ser gobernadora de Veracruz se topan con dos escollos: su oriundez zacatecana y el desastroso nivel de Morena en Coatzacoalcos. Su bastión se extingue. El voto duro se diluye. Su recomendado, el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, es un fiasco, un violador de la ley, el misógino de cabecera de la síndica Yazmín Martínez Irigoyen, que atropella al pueblo, solapador de abusos y corruptelas, de desvío de recursos, que gobierna peor que si fuera del PRI-AN. Morena se enfila a una estrepitosa derrota en la elección 2021, por el caos, por la soberbia, por la ignorancia de esta caterva de truhanes e improvisados. Y en la cúspide del caos, Rocío Nahle. Una máxima en política reza que el que pierde en su zona de control, no puede aspirar a nada. Se pierde Coatzacoalcos y adiós candidatura al gobierno de Veracruz. 2021 será, pues, el año en que el proyecto Rocío Nahle pase al olvido… ¿Para quién juega Marlon Ramírez? ¿Para el PRI y los priistas o para Fernando Yunes Márquez y el yunismo paniaguado? Serpenteando, va el ¿líder? priista en Veracruz trazando el escenario de una alianza en la que sólo ganan los Yunes azules, Marlon y su banda de pésimo historial, irritando al panismo doctrinario y al priismo real, las huestes de Julen Rementería, del Chapito Guzmán Avilés, los azules de Córdoba-Orizaba, los del sur, la gente de Víctor Serralde, que una vez más verán cómo los rebasan, los usan y los desechan. Y en el priismo, igual. El priismo del norte, del centro y del sur terminará aplaudiendo y operando votos para que el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, pueda consumar el sueño monárquico. De las alianzas, de ir armando el escenario, se encarga Marlon Ramírez, primero para arrebatar el Congreso de Veracruz en 2021 y luego el asalto al gobierno estatal en 2024. O sea, el PRI convertido en la mucama del PAN… Polifacético, Gómez Cazarín ahora es paracaidista. Ve un predio, le gusta, se mete y se apodera de él. Tiene un personero, Julio César Tirado, que se tira el rollo de que la ley será la ley, pero ellos —los ratones de Morena— son la autoridad. Y así, el líder de la fracción parlamentaria del partido de Andrés Manuel López Obrador intenta agandallarse un terreno en el poniente de Coatzacoalcos. Con documentación apócrifa, la que desde hace años usa el tristemente célebre Juan Tampico y que implica a su respetable esposa por los datos inconsistentes, pretende consumar la bribonada. De la trastada sabe, y bastante, la nefasta directora de Catastro, Rosa González, perito bancario, terror de los notarios por aplicar tasas y gravámenes en compra venta de inmuebles que tácitamente hacen imposible cualquier operación. A Gómez Cazarín lo marcan las trastadas, denuncias por intento de fraude cuando vendía autos para la Volkswagen, acusaciones de compra de diputados con tarjetas Saldazo, según revelación del legislador de Morena por el distrito de Medellín, José Magdaleno Rosales Torres, y un sinnúmero de pilladas en el Congreso de Veracruz. ¿Qué liga a Gómez Cazarín con Juan Tirado? La venta de autos Volkswagen usados por un funcionario de Pemex que así pagaba favores. Una minoría radical, usando la expresión de Alejandro Rojas Díaz Durán, maneja a Morena a su antojo. En Coatzacoalcos, con la venia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y del gobernador Cuitláhuac García, el paracaidismo político se equipara a la “plenitud del pinche poder”, de la que tanto se ufanó Fidel Herrera y que su ahijado y sucesor, Javier Duarte, usó para saquear a Veracruz. Morena resultó igual… Venta de garage en el PRI. A precio de ganga, las presidencias de comités municipales y las secretarías generales. Habrá preventa de candidaturas a diputaciones federales y locales, y alcaldías, sindicaturas y regidurías. A un año de la elección, la vendimia está en todo su esplendor… Eusebia Cortés y Elda Gordillo traen, literalmente, el chamaco atorado. Elda Gordillo Silva, directora de Panteones, ejecutó una orden que viola la ley: impedir la sepultura de fallecidos por coronavirus. La operó aduciendo que era “disposición municipal”. Y lo argumentó: “Solamente van a ser cremadas. Nosotros ya no estamos recibiendo a familiares ni a funerarias que vayan a los panteones para pedir una solicitud de inhumación. Solamente de cremación y se les asigna un espacio de nicho, las otras defunciones se atienden de manera normal”. Lo dijo al periódico Presencia Sureste y difundido en portales y medios de la capital de Veracruz, el 1 de junio pasado. La disposición no pasó por el cabildo de Coatzacoalcos; fue una decisión ejecutiva. Le atañe al alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo y a la regidora con la Comisión de Panteones, Eusebia Cortés Pérez. Ambas están señaladas en el juicio de amparo 295/2020 por su implicación en la cremación obligada de personas fallecidas por covid 19 o por causas semejantes, lo que equivale a desaparición forzada y discriminación de restos humanos. Eusebia y Elda tienen un problema serio. Y habrá otro más: emitir declaraciones falsas ante la autoridad, en este caso un juez federal. El 5 de julio habrá audiencia incidental en el Juzgado Décimo de Distrito y es factible que se determine suspensión definitiva. El asunto le pega al alcalde morenista Víctor Carranza, pero también al secretario del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Miguel Pintos Guillén, señalado de haber dispuesto la cremación de Hermelinda “N”, trabajadora del ayuntamiento a la que incluso se le obligó a laborar con síntomas de Covid, a sabiendas de que padecía enfermedades crónico degenerativas…
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