* Menores de 13 y 15 años, asesinados por la Fuerza Civil * Represión a periodistas * La policía los golpea, les roba y SSP encubre * Los Yunes pactan con el panismo morenista * Y mientras, Winckler sigue huyendo * Alcaldía de Coatza: recuento parcial y cuento total
MUSSIO CARDENAS ARELLANO
Publicada en mussiocardenas.com
6 de julio de 2021
Asesinados a mansalva, Jonathan y Eduardo son víctimas mortales de una Fuerza Civil que mata inocentes, mata menores de edad, mata con fuego a discreción, sembrando miedo y luto y rabia y un profundo dolor. Es la policía criminal de Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz.
Heridos de muerte —disparos en la espalda y la cabeza—, Jonathan Herrera Aguilar, de 13 años, y Eduardo Jiménez Aguilar, de 15, primos que se veían como hermanos, dejaron su vida en un instante, aterrados por la acción policíaca, sorprendidos por la alevosía, por las armas, por el trato criminal.
Aquello no fue un fuego cruzado. La Fuerza Civil los mató. Les arrancó la vida con un atropello demencial y luego los revictimizó, construyendo la coartada ideal: iban por una célula criminal y en la reyerta, el intercambio de metralla, las balas alcanzaron a los dos menores de edad. Una mentira vil.
A eso de las 14 horas, el viernes 2 de julio, la muerte cimbró a Guadalupe La Patrona, congregación de Amatlán de los Reyes, en el occidente de Veracruz, sobre la Sierra Madre que colinda con el estado de Puebla, en las cercanías de Córdoba y Fortín, comunidad pobre pero célebre por la ayuda que un grupo de mujeres otorga al migrante que en “La Bestia”, el ferrocarril que viene del sur, se dirige a la frontera con Estados Unidos.
Una presunta búsqueda policíaca del grupo criminal que opera en aquella región, bajo las órdenes de un delincuente apodado “El Wester”, derivó en el asesinato de Jonathan y Eduardo cuando ambos se hallaban en el interior de una vivienda lavando la camioneta de su tío Alberto Jiménez.
Sin orden de cateo, sin nada que los facultara a allanar el domicilio, elementos de la Fuerza Civil, el grupo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, se introdujo en el inmueble. Sorprendidos por el hecho, Jonathan y Eduardo no opusieron resistencia. Quizá corrieron, quizá gritaron. De acuerdo con la versión de sus familiares, recibieron varios impactos de bala.
Jonathan presentaba tres disparos; Eduardo, dos. Jonathan quedó de lado, tendido en el suelo; Eduardo mirando al cielo, su vida segada por los tiros mortales, uno de ellos en la cabeza.
Buenos estudiantes, mejores personas, chamacos de bien, se ganaban unos pesos limpiando banquetas o lavando autos, y planeando que algún continuarían sus estudios juntos, como hermanos, en otra ciudad.
Aquel viernes 2, acudieron con su tío Alberto. Le lavarían la camioneta que se hallaba en el patio de la vivienda. Uno se quitó la camiseta; el otro los tenis. Alberto los dejó ahí y se introdujo en la casa para ayudar a su esposa a atender a la bebé de pocos meses de nacida (Ver reportaje de Manu Ureste y Antonio Arragán en Animal Político: https://bit.ly/3yruGyO).
De pronto, los impactos de bala. Y Alberto buscando resguardar a su esposa e hija. Y en un instante los elementos de la Fuerza Civil en la recámara, obligándolos a permanecer de rodillas, conminándolos a decir “donde están los otros”. Alberto los instaba a revisar la vivienda. Lo tranquilizaba saber que eran policías y que no tenía nada que esconder.
Al tratar de salir al patio a saber cómo se hallaban Jonathan y Eduardo, la Fuerza Civil lo impidió. Tuvo que usar otra puerta para abandonar la casa. Minutos después se enteró de la trágica muerte de sus sobrinos.
Tras el crimen vino el montaje. Armado sobre las rodillas, el teatro de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ha constituido una revictimización de Jonathan y Eduardo. Porque no murieron entre el fuego cruzado, como reza la versión de la SSP ni los abatió la metralla del “Wester” sino por las balas de la Fuerza Civil, la policía criminal del gobernador.
No hubo persecución a una célula criminal sino el allanamiento ilegal al domicilio de Alberto Jiménez. Y luego la siembra de armas y droga en el interior del vehículo. Y el supuesto reporte de robo sobre la camioneta del tío de Jonathan y Eduardo, quien encaró la infamia demostrando la legitimidad de sus propiedades, del automóvil, una vida limpia, sin antecedentes penales.
Y así fue detonando la ira social, la condena al abuso y al atropello, al demencial ataque contra dos menores de edad, cuyo único “delito” fue estar ahí, sorteando la vida, lavando un vehículo y ganándose unos pesos con esfuerzo, con trabajo, como lo solían hacer, porque Amatlán es pobre y su gente es pobre y el futuro no da para más.
Y así se manchan de sangre las manos del gobernador Cuitláhuac García.
Y así la Fuerza Civil, criminal y arbitraria, matando inocentes como en los días en que Javier Duarte gobernaba Veracruz.
Al montaje de los esbirros del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, correspondió la respuesta de la sociedad. Los amatlanenses y el corredor Tezonapa-Omealca elevaron la voz. Las Patronas y otros grupos condenaron la violencia generada por la Fuerza Civil en un comunicado tajante. Y bloquearon la carretera federal y luego la autopista Córdoba-Veracruz.
Y de nuevo la violencia como solución. Hacia las 4 de la tarde, el sábado 3, la policía antimotines irrumpió en el lugar de la protesta y agredió a automovilistas y manifestantes, usando el tolete, el gas lacrimógeno, lanzando “disparos tanto en la autopista como en la entrada a Amatlán de Los Reyes, así como en la región de Tezonapa”.
“Le pedimos señor gobernador que se conmueva —suplicaban los manifestantes—, por nosotros somos gente humilde que queremos justicia para nuestros hijos, eran unos niños inocentes con ganas de trabajar” (El Sol de Córdoba, Jhennifer Renaud: https://bit.ly/3AworeW).
A Cuitláhuac, a Morena, a Eric Cisneros, al Comandante Pistolas, Hugo Gutiérrez Maldonado, se les da combatir el fuego con gasolina. Una chispa se les vuelve incendio.
Y la respuesta fue la agresión, el uso excesivo de la fuerza, la violencia suplantando al diálogo.
“¡Justicia, justicia, justicia!, gritaban al unísono y señalaban a los policiacos como responsables de ‘sembrar’ falsas pruebas para presuntamente inculpar a los habitantes que enardecidos pedían que la muerte de los menores no quedara impune”.
Pero la imbecilidad persiste. Para los manifestantes y a los que claman justicia, el embate de la Fuerza Civil, los grupos antimotines, el aparato policíaco que muestra el puño, que insulta, que dispara gas lacrimógeno, que disuelve a golpes, que detiene y encarcela.
En Palacio de Gobierno la imbecilidad es superlativa. Cuitláhuac García admite que Jonathan y Eduardo eran dos chicos sin mancha, inocentes. Pero insiste: fueron víctimas del fuego cruzado.
Y retoma el montaje: la Fuerza Civil recibió información de que un grupo armado se hallaba en La Patrona y acudió a enfrenarlo. La treta ofende.
Lo suyo es mentir y encubrir un crimen, la acción asesina de la Fuerza Civil que ultimó a mansalva a Jonathan y Eduardo
Ofrece una investigación con tufo a farsa, integrada desde el seno del poder. Nada aporta si los policías asesinos no van a juicio, si no se conoce el rostro y el nombre, si se evita que sus perfiles y su conducta vaya al Sistema Nacional de Seguridad Pública y se les haga pagar.
Otra ha sido la actuación de la Fuerza Civil al verse cara a cara con la delincuencia. A los inocentes los mata, a los niños los mata, pero al Cártel Jalisco Nueva Generación le huye, le corre, se le rinde a los pies.
“Puro Cártel Jalisco”, gritaban los matarifes del narco en 2019 mientras quemaban camiones que bloqueaban la autopista Acayucan-La Tinaja, en un alarde de poder mientras la Fuerza Civil se agazapaba.
Horas después, las paredes del cuartel de la Fuerza Civil en Jáltipan, a unos kilómetros de Coatzacoalcos, fue rafagueada. Y en respuesta, la policía de élite dejó las principales plazas.
La Policía estatal en Córdoba recibió metralla en un puesto de vigilancia, con saldo de dos elementos uniformados muertos. Y Seguridad Pública se apanica, tiembla, se repliega.
Sólo es eficaz si se trata de matar inocentes, menores de edad.
Y Cuitláhuac acumulando muertos.
Archivo muerto
A golpe limpio y mentadas, con el tolete y el escudo, con disparos al aire reprime la Policía de Veracruz a la prensa del sur. Increpa a reporteras y reporteros que cubren el bloqueo de la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de Nuevo Teapa, municipio de Moloacán, el sábado 3 de julio, y el desalojo violento, las aprehensiones, la embestida desproporcionada, mujeres y hombres subidos a las patrullas, luego de estar ahí, por más de 16 horas, en protesta por la detención de un vecino de Las Palomas, sin flagrancia y sin orden de aprehensión. “Somos prensa”, gritan los periodistas y exhiben sus gafetes. Y nada vale. La policía estatal, los antimotines, los hostigan, los insultan. Llegan los golpes. A Rodrigo Pérez, de Diario Horizonte, de Nanchital, le arrebatan el teléfono celular y lo agreden. Lo mismo a Rafael León Segovia (Lafita León), que transmite para Sureste Sur, que viene grabando en carretera, desciende el automóvil, se acerca y los policías se le dejan llegar, violentos, arbitrarios, como delincuentes con uniforme y patente para matar. Ahí está el video de Areliz Sosa, de Imagen del Golfo, que los enfrenta, les razona con voz tajante, les dice una y otra vez que son prensa y que cubren un evento de interés público, el desalojo y la acción de la policía. Es reprimida y su teléfono celular, retenido. Minutos después transmite un “en vivo” en el feis con un relato que trasluce el coraje por la agresión, el ataque a su derecho a informar, el agravio de la policía veracruzana a la libertad de expresión. Otros colegas agredidos fueron Maria Aidé Ramos, de Liberal del Sur, y José Alberto Mendoza Pulido, de Diario de Nanchital. Minutos después, frente al cuartel de la Policía Estatal en Coatzacoalcos, la protesta de los periodistas y la arrogancia policíaca, el valor de los comunicadores, la solidaridad del gremio, el acompañamiento de la sociedad en las redes sociales. Una y otra vez intentando interponer su queja y su derecho fue conculcado. Y de nuevo la agresión. Sendic Aguirre, reportero de Liberal del Sur y Radio Hit intentaba entregar las cartulinas con las leyendas de protesta a policías y en respuesta fue golpeado en la cabeza con un casco. “Somos prensa, no delincuentes”, corean. El lunes 5 volvieron a la sede de la Policía Estatal y refrendaron su protesta. Cuitláhuac García, desde Palacio de Gobierno, ofrece investigar y aplicar sanciones. Es una treta. Ofrecieron concentrar a Xalapa a cinco policías agresores y fue falso. Se requiere su identidad, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública los expulse. Son agresores. Su conducta es criminal. No deben permanecer en la Secretaría de Seguridad de Veracruz y se les debe enjuiciar. Ya habrá espacio para tocar la tibia respuesta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, como si el gobernador fuera Javier Duarte y el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez… A los Yunes ya solo les falta pactar con el diablo. Caminó Miguel Ángel Yunes Márquez con Carolina Gudiño Corro, la number uan del fidelismo, en la campaña por la alcaldía y diputación local por Veracruz puerto. Y a la par, el pacto PRI-PAN-PRD hizo andar al yunismo con las rémoras de Javier Duarte, el ex gobernador que saqueó a Veracruz, llevándose las partidas federales, vía empresas fantasma. Hicieron campaña conjunta el PRIANRD y el ex secretario de Educación duartista, Adolfo Mota, y la ex presidenta del Congreso de Veracruz, Anilú Ingram. Hoy, Miguel Ángel Yunes Márquez y José de Jesús Mancha Aguilar tienen cónclave con Enrique Cambranis y Tito Delfín, de los grupos panistas a los ellos solían acusar de ser aliados de Morena, del gobernador Cuitláhuac García y del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. En su momento, siendo diputado local, Cambranis fue de los que se sumó a la embestida morenista que pretendió tumbar al ex fiscal Jorge Winckler Ortiz del cargo, y si aquel intentó fracasó fue porque dos diputados de Morena, no afines al gober, prefirieron la abstención. Hoy, el yunismo convive con el antiyunismo. Luego lo hará con su acérrimo enemigo, Joaquín “El Chapito” Guzmán Avilés, cacique de Tantoyuca y actual presidente del Partido Acción Nacional en Veracruz. Y mientras, Winckler, Marcos Even, Eduardo Coronel Gamboa y media docena de funcionarios de la Fiscalía estatal andan a salto de mata, acosados por el morenismo, con orden de aprehensión por tortura. Así el cinismo, la doble cara del yunismo azul… A revisión parcial la elección municipal en Coatzacoalcos. Emitió el Tribunal Electoral de Veracruz la resolución sobre el recurso de inconformidad —expediente TEV-RIN-237/2021— presentado por el Partido Revolucionario Institucional, admitiendo el recuento parcial por irregularidades y evidencias de alteración de las cifras que dieron el triunfo a Morena en la contienda por la presidencia municipal. Un episodio más de una prolongada agonía, el aterrizaje de la derrota, la judicialización de un proceso que ya no tiene vuelta atrás. Jurídicamente puede acreditarse el fraude, pero políticamente nada cambiará. Por razón de Estado, por lo que implica para la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, Coatzacoalcos no dejará de ser territorio de Morena. Si perdiera en su feudo, no habría futuro para el 2024. El recuento de cifras es barniz electoral. Es cuento total…
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