No cabe duda, que, al tema de la militarización en las calles, – preocupación seria para el Gobierno Federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López-, se le tuvo que buscar todas las vueltas para poder sacar un resultado legislativo que dejara contento a su gobierno, aunque no fuera necesariamente lo mejor para el pueblo de México.
El Plan “A” era claro, sacar a como diera lugar, la aprobación de ambas Cámaras para permitir que los militares continuaran en las calles. Y le resultó bien. Iniciando por el resultado en la Cámara de Diputados, donde a propuesta del PRI, se daba entrada a la modificación del transitorio 5º del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019[1] en el que se basó la creación de la Guardia Nacional (GN), para ampliar el período de formación y profesionalización de ésta, por 5 años más, dejando en manos de los militares la seguridad ciudadana nacional en ese lapso. Por supuesto que la propuesta del PRI fue vista con buenos ojos porque se le daba un “cheque en blanco” al Presidente -Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas-, para poder disponer del Ejercito, en adelante, en tareas de seguridad que no son de su competencia. Finalmente, la aprobación del Decreto con sus adecuaciones, en ambas Cámaras -Senadores y Diputados-, de fechas 4 y 5 de octubre pasado cerraron ese capítulo; pero se abriría otro, el del cumplimiento de los compromisos a los que el Ejecutivo se obliga en adelante, sin escusa ni pretexto.
Pero, de no haber salido el Plan “A”, el Presidente ya tenía un Plan “B”, realizar una “consulta” o sondeo -mal llamada así, porque el tema de la Seguridad Nacional está impedido llevarlo a consulta de acuerdo a la Constitución -, para: “saber si los mexicanos están de acuerdo con que, el Ejército y la Guardia Nacional, continúen permaneciendo en las calles”. Incluso para la organización de dicho ejercicio, ya había dado instrucciones a la Secretaría de Gobernación para ser la encargada de operarlo, y de acuerdo con lo expuesto por su titular, se entiende que estaría prevista para inicios del 2023. Pero la pregunta obligada entonces es hoy, ¿con todo lo sucedido, se justifica que haya consulta?
Porque no se necesita sabio para poder distinguir que dicho ejercicio no solo sería para buscar la opinión pública y saber lo que se piensa sobre el tema, sino que, ante la baja popularidad de su partido, que en todas las encuestas en donde se mide sale muy por debajo de los índices de aceptación, en contraste con la popularidad de López Obrador, habría de aprovecharse para medir el “agua”, rumbo a los comicios de 2023, como preámbulo de la “madre de las batallas” la elección del 2024. Y ya de paso, placear a los suspirantes de Morena a la Presidencia. Razones que hoy les preocupan, porque a lo anterior se suman los antecedentes que se tienen de las pasadas consultas realizadas en el 2021 y 2022, cuyos resultados fueron bastante escuetos en participación.
Basta recordar los totales de la primera consulta -interna de ese partido-, realizada en agosto de 2021 con el tema del linchamiento a los expresidentes, en la que la participación ciudadana fue de escasos 6 millones 663 mil votos, representativo del 7.11 % de un padrón total de 93 millones,671 mil en el momento. O la consulta de 2022 sobre la “revocación de mandato” -organizada por el INE-, en donde no alcanzó este ejercicio el mínimo requerido para ser vinculatorio de validez, mismo que aun con todo el derroche de dinero e infraestructura de gobierno movilizada, tuvo una participación de solo al 17.7 de los cuales el 15 % del padrón electoral fue a favor de la propuesta de que “se quedara el Presidente hasta concluir su gestión”. Y si promediamos ambas “consultas” el porcentaje se reduce aún más, quedando en un 12.4 % de interés ciudadano, lo que se observa preocupante para el partido en el poder, por ser indicativo de lo mal que está en empatía popular, lo que podría ser una razón para intentar ver su realidad en caso de realizarse.
Pero, por otra parte, realizar una nueva consulta o sondeo de opinión, viendo como están los problemas del país, podría ser contraproducente -con tanta gente con necesidades de atención en su salud, desempleada, o amenazada en sus inversiones por las extorciones y atentados-, pues se percibiría como una verdadera ofensa gastar millonadas -dinero de los mexicanos- en estos ejercicios, sin que ello ofrezca la mínima utilidad para el país.
Pero regresando al tema de la militarización, hoy que el Presidente ya obtuvo lo que quería del Congreso, la prudencia debía caber en él, porque hasta ahora no ha dado a notar el menor gesto de humildad para reconocer públicamente: 1) que como Comandante Supremo de las Fuerzas armadas, cometió una omisión muy grave, al no haber logrado en casi 4 años de su gobierno, la preparación a consciencia de la Guardia Nacional y menos resuelto -o mínimo decrementado- el problema de la inseguridad en el país, no obstante , que existieron recursos económicos suficientes, destinados a este propósito.
Cabe recordar que el presupuesto destinado a la Guardia Nacional, en estos casi últimos 4 años se elevó en un 69.8%, al pasar de 922 millones de pesos a 62 mil 828 millones, por lo que no debió existir razón para que el objetivo no se cumpliera. Y lo más lamentable ha sido, que los costos de esta estrategia fallida de Seguridad Nacional, a quienes ha venido a afectar directamente es a los propios soldados y a los ciudadanos. Desde el primer año de creación de la Guardia Nacional (a junio de 2020) el reporte de muertos de elementos de la propia corporación fue de 22 en enfrentamientos y 88 por el COVID[2] , al 2021 ya sumaban 79 integrantes fallecidos y en lo que va del 2022, la GN ha enfrentado 154 agresiones, pero incrementándose a 212 fallecidos civiles y 365 heridos también civiles. [3], lo que hace evidente, las fallas en la estrategia y la carencia de una reglamentación que, dé certeza jurídica a las Fuerzas Armadas, indicativa de los límites en los que estas puedan actuar para que los resultados de su intervención no sean contraproducentes.
Sin duda, las Fuerzas Armadas , Ejercito y Marina, siguen siendo como instituciones, las que más confianza se han ganado en el país, por ello el clamor general es, no a la militarización en forma permanente, pero, sí a que: A) las Fuerzas Armadas permanezcan en apoyo a la Guardia Nacional -temporalmente- y operen hasta marzo de 2028, en lo que deberá quedar profesionalizada, y así se cumpla con el compromiso que hoy se adquiere, B) Que se evalúen los avances de esa preparación, para definir lo conducente de acuerdo con los tiempos y acciones previstas en la propia constitución y en la Ley de la Guardia Nacional. C) Las Fuerzas Armadas gocen de garantía jurídica, para saber hasta donde es su competencia y evitar detenciones o procesos injustos contra sus elementos. D) Que se profesionalice y fortalezca a los cuerpos estatales y municipales de seguridad, y se logre a través de planes estratégicos de inteligencia, la coordinación entre las corporaciones de seguridad respectivas de los 3 órdenes de gobierno , E) Que se transparente la acción y administración de las Fuerzas Armadas en los diferentes rubros en los que hoy opera, principalmente en lo que corresponde a su función prioritaria de salvaguardar la seguridad de la Nación y el combate al narcotráfico. F) Que las propias Fuerzas Armadas, puedan evaluar e informar sobre el nivel de sus potencialidades, especialmente cuando un problema haya crecido de manera exponencial y los rebase, y se pueda definir a tiempo el momento en que este problema requiere del apoyo internacional. En suma, que, una vez cumplido los lineamientos y el plazo previsto en el nuevo Decreto, la milicia retorne a las tareas a las que esta obligada.
Finalmente, sólo agrego que el tema da para mucho. Hay que seguir de cerca los acontecimientos, el avance y el cumplimiento del compromiso que hoy adquiere el Gobierno de López Obrador, respecto a la custodia y formación de la Guardia Nacional por parte del Ejercito, mismo que sin escusas ni pretextos, deberá cumplir con creces el objetivo, porque los ciudadanos nacido en este país estamos ávidos de confianza y certidumbre en nuestras instituciones y esperamos que pronto nuestra Guardia Nacional, este en óptimas condiciones, para garantizar la protección de la ciudanía y sean coadyuvantes efectivos en el proceso de recuperación de la paz y armonía en nuestro país.
Gracias y hasta la próxima
[1] Con fecha 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto en que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, dejando en éste definida su naturaleza, como así lo detalla el art. 21 inciso (c) en una de sus partes: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación….La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones” …etc. De acuerdo con lo anterior las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, tendrían en adelante el carácter civil, disciplinado y profesional[1], quedando así inscrita la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana.
[2] https://www.defensa.com/mexico/guardia-nacional-mexico-22-muertos-enfrentamientos-armados-39-19
[3] https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/elementos-de-la-guardia-nacional-corren-mas-peligro-que-soldados-7414622.html. Y https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2022/suman-154-agresiones-contra-elementos-del-ejercito-y-la-guardia-nacional-en-2022.html
