El jueves anterior durante la conmemoración del Día del Trabajo, una reportera se le acercó a la gobernadora Rocío Nahle y le dijo: “Ya hay un candidato muerto en este proceso electoral ¿de qué nos habla eso?”. Y la gobernadora contestó: “Nos habla de que tenemos que trabajar mucho en seguridad”.
Hasta donde me alcanza la memoria (que no es mucho) esta es la primera ocasión desde el 2004 para acá, en que la más alta autoridad estatal reconoce el problema. Pero es bueno agregar que tan injusto sería echarle toda la bronca a ella cuando apenas tiene seis meses cargo, como irresponsable es seguir culpando a los de atrás del tiradero que dejaron, lo que no hizo la señora.
La tarea no será fácil porque la percepción de inseguridad ha crecido en los últimos meses. Y va un ejemplo con los candidatos a las alcaldías.
Un día después de esa declaración, los consejeros del OPLE aprobaron un paquete de 33 sustituciones de igual número de candidatos a alcaldías, sindicaturas y regidurías, tanto de candidatos propietarios como de suplentes. Pero agregaron un dato muy revelador.
Informaron que del 4 de marzo a la fecha, ha recibido 289 renuncias de candidatos propietarios y suplentes a presidentes municipales, síndicos y regidores, postulados por los seis partidos políticos que contienden en el proceso electoral para renovar los 212 ayuntamientos.
De acuerdo con el OPLE 68 renuncias fueron de candidatos del PAN; 65 del PT; 57 del PRI; 40 de Movimiento Ciudadano; 35 del Verde y 24 de Morena.
Son un mundo de renuncias y sin temor a equivocarme, es la primera vez en la historia de unas elecciones en la entidad, que dimiten tantos candidatos en un número superior a las 212 alcaldías en disputa.
¿A qué se debe que hombres y mujeres que han peleado por años un lugar en la comuna del municipio donde nacieron, hayan dejado de lado una jugosa presidencia municipal, una apetitosa sindicatura y una no menos apetitosa regiduría? Aunque el OPLE no lo dice, no se necesita ser vidente para intuir que la mayoría tiraron el arpa a consecuencia de las amenazas.
Porque la violencia sigue y hasta el más valiente debe sentir calambres nomás de pensar que puede ser la próxima víctima.
El policía estatal Carmelo Ceferino Lara, falleció a consecuencia de las heridas que sufrió durante un enfrentamiento en Tlapacoyan con presuntos secuestradores. Federico Mota Ramírez, secretario del Ayuntamiento en Paso de Ovejas, fue baleado (por fortuna sin consecuencias) por dos sujetos a bordo de una motocicleta cuando circulaba por la carretera libre Veracruz-Xalapa.
En Jáltipan, fue “levantado” Uziel Cristóbal Toto, operador político de Morena y el PT en el sur de la entidad. De acuerdo con reportes, varios sujetos armados entraron disparando a su vivienda y se lo llevaron. Y en la comunidad de Cruz Blanca del municipio de Cazones, hubo un enfrentamiento armado con saldo de un policía y cuatro civiles muertos.
Estos hechos ocurrieron entre martes y jueves de la pasada semana. Y tampoco se necesita de la clarividencia para saber que del 2018 para acá, la mayoría de los crímenes han sido cobijados por la impunidad.
De acuerdo con lo que de esto saben, si la gobernadora quiere combatir en serio la violencia e inseguridad, debe comenzar por los políticos y politicastros del sexenio anterior que permitieron la impunidad, principiando por el ex gobernador y por la actual fiscal estatal.
Por lo pronto ya reconoció que hay que trabajar mucho para que regrese a este estado la seguridad y eso es un gran avance. Ahora lo único que falta, es que su gobierno se ponga en serio a trabajar.
