APUNTES SOBRE FINANZAS
POR: JUAN F. AGUILAR DE LA LLAVE.
Las últimas dos semanas han sido difícil para las finanzas públicas de Veracruz, en particular para el Secretario Antonio Gómez Pelegrín, como consecuencia de la decisión tomada de acercar a la veracidad la información de Cuenta Pública.
El ambiente se tornó difícil cuando la información no se transparentó en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y llegó al límite de coincidir con el segundo informe financiero trimestral, no obstante que la Cuenta Pública se entregó en tiempo y forma al H. Congreso.
Caldo de cultivo fue la información que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), sobre un anexo que contenía los acreedores por entidad o Secretaría, que ascendía a más de once mil millones de pesos. Lo anterior, dio rienda suelta a los saldos que presentó la Coordinación de Comunicación Social de Veracruz.
La Cuenta Publica se publica a finales del mes de julio, siendo relevante el incremento en su pasivo al pasar de 42.4 a 57.3 mil millones de pesos; es decir, aumentó 14.9 millones.
El pasivo a largo plazo pasa de 37.7 a 42.2 mil millones, con un incremento de casi 5 mil millones de pesos; el circulante se abre y descubre un aumento de más de 10 mil millones de pesos, al pasar de 4.7 a 15.1 mil millones.
Es hasta este año de 2015, cuando se dan a conocer saldos a favor de acreedores de corto plazo como contratistas y proveedores. Prestadores de servicios que superan los 80 millones de UDI´S.
Pero se descubre más. En materia de transparencia se publican los trimestres 1º y 2º de las Finanzas Publicas, este último en los términos de Ley.
Estos dos puntos, el contenido de las finanzas públicas en Cuenta Pública y su publicación, desata la ira de acreedores y de calificadoras al grado que ponen en riesgo el escaso margen de maniobra de la Secretaria y del gobierno mismo.
El tema que se contamina en la última semana. Los sindicatos burocráticos convocan a sus agremiados a manifestarse pues temían que no iba a pagar la segunda quincena del mes de agosto. ¡Qué barbaridad hasta donde hubiéramos llegado de haber ocurrido!. Casi al punto de la insolvencia.
Pues bien, los puntos revelados y publicados provocaron dos hechos significativos:
- Que los tenedores bursátiles del Fideicomiso VERA12 F1175, iniciarán un Proceso Preventivo equivalente a tomar medidas para no entregar los remanentes al Estado por más de 200 millones de pesos mensuales, que recibe en demasía en el pago de capital y servicio de la deuda, el argumento exceder 800 millones de UDIS y la falta de oportunidad de publicar las finanzas como lo dicta la Ley.
- Que las calificadoras bajen la calificación del Estado en varios grados (notches) y, en consecuencia los créditos con entidades financieras aumenten las tasas de interés.
El primer punto obligó al secretario de Finanzas a establecer negociaciones con los tenedores bursátiles que no son otros que casi las mismas entidades financieras como Santander, Banorte, Interacciones, Banamex, Sura Seguros, Seguros Monterrey entre otros; siendo el representante INVEX y el asesor financiero Ángel Céspedes.
Las negociaciones duraron dos semanas y se orientaron a la entrega de los remanentes (en otro fideicomiso en 2006 se habían quedado con quinientos millones en la reserva), que culminó con la convocatoria de los tenedores bursátiles, asunto difícil en el tiempo y en las decisiones; el resultado se abrevia en lo siguiente:
- No se crearon reservas
- Se entregan los remanentes hasta el informe del Auditor sobre la Cuenta Pública 2016, 10 meses y,
- La posibilidad de restructurar.
Ello representa en si una negociación posible y buena tomando en cuenta las condiciones financieras del estado.
Superados estos hechos la reflexión es ¿dónde quedó el dinero de esta bursatilización?, ¿Cómo se aplicó? Toda vez que el argumento autorizado por el H Congreso fue:
“La totalidad de los recursos derivados de las emisiones serán utilizados para hacer frente a las obligaciones contraídos con terceros derivados de las inversiones públicas productivas del Estado conforme al Código financiero del estado.”
Así lo cita en su informe Ficht and ratings de fecha enero 24 de 2013.
Solo este financiamiento requirió dar en garantía el 12.3% de las Participaciones Federales el Estado, integrado en tres partes. Uno en UDIS; otro a tasa fija y un ultimo en tasa variable al cual tuvo que contratarse una cubertura CAP. El préstamo se da en condiciones que ahora no se cumplen y su costo se eleva.
La parte de UDIS después de tres años se ha incrementado en 541 millones al 30 de junio pasado, casi el .05 por ciento, habiendo realizado pagos de interés y capital. Por ello, urge su reestructura para apartarse de este concepto.
Por su parte las calificaciones emitidas para el estado por parte de Moodys, HR. Ratings Ficht and Ratings serán a la baja, lo que motivará que en base a los covenants o términos contractuales en los fideicomisos, las tasas se incrementen al aumentar el riesgo de pago.
Y eso que los créditos tienen como garantía de pago una fuente liquida que se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Tesorería de la Federación (TESOFE) que deposita directamente al Fideicomiso responsable de pagar a los Bancos y los tenedores bursátiles.
Se han contratado más de cincuenta mil millones de pesos bajo este esquema. Casi todos son para restructurar adeudos en inversiones públicas productivas o en directo a inversiones públicas productivas. Sólo por analogía, en el estado de Puebla el crédito se dio mediante la figura de PPS y están a la vista las obras. En todo caso, vaya usted a darse una vuelta.
El principio del mal se da con la recepción de la deuda en 2010, con la reestructura de 2011 y en su operatividad en 2012.
Por qué el H. Congreso no nos informa a través del ORFIS, dónde está este dinero, y no estoy hablando de fondos federales o auditorias de la Auditoría Superior de la Federación, lo que se cita son dineros propios de la gestión que han pasado desapercibidas.
Habrá que reconocer en Gómez Pelegrín inició la apertura de información y que se mueve con prontitud en el margen de maniobra que tiene.
JFA 3.09.16
