El ser humano está dotado del instinto de supervivencia. Esta capacidad es activada por el cerebro en momentos en que percibe un peligro. En cualquier lugar, sociedad y circunstancia aparece este instinto que ayuda al ser humano a continuar viviendo. A este don natural, el ser humano agregó la cooperación con sus iguales para mejor resistir las acciones o acontecimientos naturales que ponen en peligro su bienestar o su vida, la de sus familiares, amistades y aún desconocidos.
Conforme avanzan las complejidades de las sociedades, el ser humano enfrenta nuevos desafíos para su supervivencia. Esto advierte el sociólogo alemán Ulrich Becq con su obra La sociedad del riesgo, en donde describe cómo el desarrollo capitalista siembra desafíos importantes que ponen en peligro la supervivencia humana.
Sin embargo, estos nuevos riesgos son enfrentados con los mecanismos propios del desarrollo industrial, y capacitan la supervivencia del ser humano, que encuentra soluciones ingeniosas para continuar su vida individual y colectiva de la mejor manera posible.
Otra categoría de riesgos proviene de las acciones de los propios seres humanos en contra de sus congéneres. Derivan de sus propias ambiciones políticas, de sus deseos de dominio y de apropiación de riquezas. Para mantener en una escala aceptable estos riesgos los seres humanos partieron de otra cualidad natural que los singulariza en el reino animal: sus capacidades de cooperación con otros, más allá de su capacidad individual de contactos directos.
Con el tiempo habría de crear la máquina de cooperación, protección y liberación que puede tornarse, paradójicamente, en máquina de explotación, dominio, aniquilación. El Estado es esa poderosa máquina de protección/dominio, cerebro colectivo que articula grandes masas en un espacio determinado, ahora llamado nación.
El Estado pues, ofrece garantías a los seres humanos para que vivan una vida sin grandes temores, amenazas, restricciones a su vida y puedan aspirar a construirse una senda de bienestar, de satisfacciones laborales, de descanso y diversión en medio de los inevitables conflictos cotidianos.
Por otra parte, no existe Estado que no tenga en sus funciones legales, y poderes institucionales, las capacidades de coerción y represión. Pero en una república y en una democracia esas funciones sólo son utilizadas en contra de quienes desafían, por motivos políticos o de conquista violenta, la superioridad legal del mismo Estado. Aunque, también, las ejerce cuando algunos ciudadanos ponen en peligro la vida individual y colectiva de sus conciudadanos.
¿Qué sucede cuando algunos seres humanos, desbordados de ambiciones y deseos de poder, tuercen las funciones del Estado y convierten esta poderosa maquinaria en un predominante mecanismo de presión, de extorsión, de miedo? Las poblaciones bajo su dominio se ven obligadas a recurrir y a depender, sólo, de su instinto natural de sobrevivencia y de colaboración limitada con sus seres más cercanos.
Se rompe el pacto de protección entre Estado y ciudadanos, se crean <<islas de ciudadanos y territorios>> sin derechos, a la intemperie de las violencias y sobreviene la inseguridad colectiva, decae la solidaridad social, emerge la pesadumbre y se debilita la cooperación ciudadana.
La relación entre narcotraficantes y Estado en México puede tomar como hecho fundacional la presidencia de Abelardo L Rodríguez quien, además de político y general era agricultor y cultivaba y vendía marihuana. Sin embargo, esas relaciones nunca fueron base de la estructura de poder del sistema político sino hasta fechas muy recientes.
La petición del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Battel, al presidente Felipe Calderón para ayudarlo a combatir a los criminales organizados, sí puede ser tomada como el inicio del reconocimiento de que el poder criminal ya constituía un desafío estructural a la soberanía del Estado mexicano.
Inicio de un enfrentamiento formal entre Estado y narcotraficantes. El siguiente estadio fue lo impensable, la máxima traición que un ciudadano puede hacer a su patria. Andrés Manuel López Obrador, según informaciones bastas, recibió dinero del crimen para sus campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018 con lo cual instituyó las relaciones estructurales entre Estado y criminales. Las constataciones de esa relación se encuentran en numerosos artículos diarios de la prensa internacional, nacional y locales.
Poco se ha reflexionado sobre la actuación política del crimen organizado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Me refiero a que los enfrentamientos de todas las fuerzas del Estado parecían ir siempre un paso atrás respecto de las acciones de los carteles. Éstos siempre se movieron con instinto político, no propio de organizaciones sólo criminales, inclusive sin relaciones estructurales entre los mismos carteles.
Y sin embargo, pusieron en jaque a las dos administraciones federales durante doce años.
López Obrador señaló, poco antes de las elecciones de 2018, que, si no ganaba, en esta ocasión no estaría él para <<detener al tigre>> en referencia a una insurgencia de un supuesto pueblo molesto y que se alzaría en armas y protestas, por una derrota más de su mesiánico conductor. Cabe la pregunta: ¿a qué “tigre herido” se refería, si en el país no había grupos políticos armados? ¿Pensaba en <<sus socios>>?
<<Se considera desaparición forzada a la privación de la libertad de una o varias personas, cualquiera que fuera la forma, cometida por agentes o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información y de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar del paradero de la persona>> establece el Estatuto de Roma de la Corte Internacional, que respalda la exigencia de la ONU al Estado mexicano para que responda por la crítica situación que, en este tema, se vive en México.
Es imposible negar esta situación en el país. Tampoco se puede cerrar los ojos a la influencia electoral que impuso triunfos en casi todas las gobernaturas de Morena. Y menos puede negarse la existencia de más de 125 mil víctimas en calidad de desaparecidas que registra el propio Estado, más de medio millón de asesinados, más de seis mil fosas clandestinas, más de 40 mil asesinatos u homicidios anuales y decenas de miles de familiares y amigos consumidos por el dolor. Y el miedo colectivo en cada colectivo de la república.
Y las pruebas diarias que se acumulan en quejas de violaciones de Derechos Humanos debido al mal trato cotidiano de policías, de agentes de seguridad, de conductas de la Guardia Civil, del Ejército y de la Armada. Y las penurias, verdaderos calvarios que se viven a manos de los integrantes de la procuradurías o fiscalías, de jueces corruptos y de cárceles como infiernos terrestres.
Sé que importa reencontrar el crecimiento económico, volver a tener un sistema de salud funcional, construir un auténtico sistema moderno de educación y resolver mil problemas más. La pregunta es si estos problemas podrán ser resueltos por un Estado corrupto y corruptor, en medio de tanta muerte, generando tanta violencia y ofreciendo tanto desprecio por la verdad, la realidad, por los mexicanos de carne y hueso.
En verdad, ¿se puede vivir sanamente en medio de la quiebra moral, ética y civil de la sociedad mexicana causada en buena medida por las decisiones de López Obrador de convertir al Estado mexicano en una maquinaria productora de persecución a periodistas, intelectuales, universidades y generador de miedo, zozobra, inseguridad y degradación colectiva? ¿Sin libertad y sin paz? ¿Sin funcionarios capaces y honestos? Yo, no lo creo. No lo veo viable.
francisco.montfortgmail.com
