* Inevitable cierre de los juzgados
Por Iván Calderón
Si bien es cierto que la noticia del cierre de 29 juzgados en el Poder Judicial se convirtió en bandera política para algunos y en justos reproches para otros, esta reingeniería administrativa era ineludible en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, o de lo contrario estaban condenados a una quiebra total.
La neta.
No es ningún secreto que este organismo fue prácticamente saqueado en el pasado. De hecho, las malas lenguas comentan que presuntamente a través de diversos movimientos financieros extraían todo el billete del PJEV, el cual se concentraba en personas físicas, morales ajenas a este sistema. Vaya, dicen que las rebanadas del pastel caían hasta en empresas periodísticas.
Pero esa, es otra historia, y toro pasado.
Con lo anterior, adoptando medidas eficaces de ahorro, disciplina presupuestal, austeridad y transparencia, se tomaron estos ejercicios que vendrán a darle un respiro presupuestal, para estar así en posibilidad de destinar recursos para órganos jurisdiccionales que exigen una mayor atención.
Y es que, aunque al principio se alegó que estaban violentando los derechos de quienes participaron en esta reestructuración, resulta que no fue así, pues los empleados se encuentran contemplados en la puesta en marcha de los once juzgados laborales que empezarán a operar a partir del mes de octubre, temas que son del conocimiento por parte de los Sindicatos al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
La misma Magistrada Presidenta, Inés Romero Cruz y el Consejo de la Judicatura han reiterado en diversas ocasiones su respeto absoluto a la clase trabajadora, instruyendo encuentros de organizaciones Sindicales con la Directora de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, quién presentó informes detallados en torno al Plan de Austeridad 2021-2022, insistiendo en que se trabaja en un esquema donde habrá espacio para todo trabajador.
Se tiene que decir, a parte de los nuevos juzgados laborales, el PJEV tiene el enorme reto de buscar otras medidas tecnológicas para permitir la presentación electrónica de escritos y el desahogo de audiencias.
Es decir, un programa de digitalización judicial que ya no es asunto del futuro, la Pandemia provocada por el COVID-19 vino demostrar la realidad y las carencias en la impartición de justicia, cosa que sería imposible sin el saneamiento de sus finanzas.
En fin, ya veremos si este reencauzamiento de recursos materiales, humanos y económicos trae los resultados esperados, mientras tanto se destaca la valentía de ajustarse el cinturón en un Poder donde el dispendio de recursos era al por mayor.
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