**Con el cuento de Ultrajes a la autoridad se detiene sin acusación ni delito a los que piensan diferente para castigar la libertad de expresión
** Ley Franco
Por Ángel Álvaro Peña
El instrumento represor del gobierno del estado de Veracruz ha llegado al límite de romper el silencio entre los propios miembros del partido en el poder que no pueden callar más tiempo sin ser cómplices de esas violaciones a los derechos elementales del ser humano.
“Me preocupa lo que está pasando en Veracruz, en donde en los últimos años se han integrado carpetas de investigación por ultrajes a la autoridad, es decir, lesiones contra la policía o contra una autoridad”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.
Monreal Ávila hizo un llamado al Poder Judicial de Veracruz, para detener la violación a los derechos humanos de personas inocentes, acusadas de “ultrajes a la autoridad”, un delito de reciente creación que, de manera desproporcionada, implica prisión oficiosa. Expuso que, en cualquier democracia, los derechos humanos son fundamentales.
“Esto está sucediendo de manera alarmante en ese estado. En septiembre pasado, seis jóvenes fueron privados de su libertad por este ilícito, pero -acotó- hay videos que demuestran que fueron detenidos en una plaza comercial y que no opusieron resistencia, y hoy son acusados de haber agredido a los policías con cuchillos o armas punzocortantes”, apuntó.
La historia de este delito, practicado todavía en Veracruz como muestra del retraso que viven las leyes y la manera de ver la justicia desde el Palacio de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, nos remite a aquellos años cuando la reunión de más de tres jóvenes constituía un delito grave
Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que pareciera no poder olvidar el gobernador veracruzano, había un delito que los represores de ese tiempo se sacaron de la manga llamado delito de disolución social, que consistía en remitir ante la policía a los jóvenes que estuvieran en la calle y eran acusados de atentar contra el orden social.
El delito de ultrajes a la autoridad fue declarado inconstitucional en la Ciudad de México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de marzo de 2016, en plena época de represión Peñista. Dicho delito se inscribía en el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México. Este delito, se dijo en ese entonces, fue usado de forma reiterada por las autoridades para criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Un hecho histórico en la existencia de los derechos humanos; sin embargo, quienes tienen puesta la mirada en el pasado buscaron en el basurero de la historia pretextos para reprimir a quienes no piensan como ellos.
Así, el 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el decreto No. 848 que reforma leyes y normatividades del Código Penal de la entidad, donde se incluye dar vigencia al delito de ultrajes a la autoridad, con una imposición de seis meses a dos años de prisión y multa hasta por 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones.
Pero revivir ese delito tenía una intención muy clara desde que fue resucitado en el congreso local de Veracruz. El 13 de marzo de 2021, dos días después de esta aprobación, fue detenido -por un delito superado y menor- con lujo de violencia Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por el simple hecho de ser candidato a una diputación federal por el PRD, partido en el que siempre ha militado.
La saña con la que fue aplicada esta ley contra el exlíder estatal de ese partido fue tal que de inmediato fue llamada la Ley Franco, por ser aprobada expresamente para justificar su detención, ya que se encontraba amparado.
Pero después vendría la traición de los propios perredistas que, en lugar de exigir su libertad, urgieron a la coordinación parlamentaria del PRD para que tomara posesión de la curul de Franco Castán, su suplente quien, casualmente, fue su abogado defensor en esta injusticia. A pesar de que la indignación era nacional para ese momento. Rogelio Franco sigue preso.
La urgente necesidad de detener las críticas contra la administración del gobierno estatal movió el resurgimiento de esta ley represiva. Días antes, el 1 de marzo de 2021, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron al director del medio digital Foro Tuxpan, Antonio de Marco Arango Arango, quien fuera detenido por dos días injustificadamente y fue liberado ante la presión social. Diez días después fue dada de alta la Ley Franco.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que este tipo de leyes restrictivas violentan sistemas democráticos, porque limitan el escrutinio de la población, más aún tratándose de un candidato a un cargo público.
Pero no son todas las víctimas de esta ley restrictiva y autoritaria, el 7 de abril fue detenido otro perredista, candidato a la presidencia municipal de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, por policías quienes entraron a su negocio de autopartes en la congregación de Plan de Ayala.
El perredista ya había sido candidato a diputado federal y local en aquella región. Se realizaron manifestaciones en la localidad, en Xalapa, en la Ciudad de México para liberar tanto a Rogelio como a Gregorio, sin que hasta el momento haya resultados.
El líder estatal del PRD, Sergio Cadena, aparentó defenderlos, pero nunca movió un dedo legalmente para exigir la liberación de ninguno de sus correligionarios, quienes al parecer le estorbaban para protagonizar los actos políticos en la entidad y la capital del país.
La visión del senador Monreal confirma que cuando se aplica esta ley, se trata de acusaciones falsas donde se fabrican pruebas, por lo que exigió: “Hago un llamado al Poder Judicial de Veracruz para que resuelva este asunto en razón de justicia, pues se trata de seis jóvenes inocentes que desde septiembre están privados de su libertad”.
Sin embargo, no son las únicas víctimas de una ley injusta, arbitraria y represiva, que violenta los derechos más elementales del ser humano.
