*Corte decidirá militarización de la seguridad
*AMLO busca conservar poder aliado con FA
EN BOLIVIA, tras el golpe de estado perpetrado por civiles contra él, entonces, Presidente Evo Morales –con el apoyo del Ejército que le “sugirió” renunciar-, las Fuerzas Armadas demandaron inicialmente un decreto de impunidad a futuro por las consecuencias de la represión, que tuvo que ser derogado por la presión internacional de organizaciones de derechos humanos. Si la acción de los militares bolivianos hubiese señalado un retorno de los ejércitos latinoamericanos al papel de árbitros políticos que los caracterizó durante la mayor parte del siglo xx, estaríamos frente a un fenómeno cuyos riesgos no pueden subestimarse. Esto es, podrían volverse a generar ciclos de inestabilidad institucional como el que experimentó la propia Bolivia entre 1920 y 1980, periodo en el que sufrió 13 golpes militares. Y es que la tentación de los gobiernos populistas de compartir el poder con la milicia en aras de fortalecerse o garantizar su estancia en las cúpulas, suele tornarse peligrosa ya que deben ceder a cambio muchas prerrogativas, y en el caso de México obras faraónicas como el Aeropuerto de Santa Lucia, una parte del Tren Maya, la construcción de los bancos del bienestar, aduanas, puertos, en suma, compartir el poder político, económico y el combate a la seguridad que debería estar en manos de civiles, tal como lo prometió en campaña y antes de esta el, ahora, Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y ES que la tentación de anclarse en el poder o asegurar la permanencia de un partido –amparados por la milicia- provoca que los gobernantes no comprendan la excepcionalidad que debe rodear a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. No han sabido leer las lecciones de la historia en cuanto a la reserva de importantes acotamientos para quienes las sociedades destinan grandes cantidades de recursos a fin de que las protejan en tiempos extraordinarios, por lo que de seguir incluyendo a los militares en las acciones ordinarias, es algo que ni a la sociedad ni a los cuerpos militares conviene. A los primeros, porque recibirán la violencia cotidiana de quienes están entrenados para serlo. A los segundos, porque se les exigen conductas que no pueden tener respaldo jurídico, por razón de sus tiempos y modos de actuación, puesto que la acción de los cuerpos militares en tareas de seguridad pública no se encuentre protegida por el fuero castrense previsto en el artículo 13 constitucional, de tal manera que sus conductas deberán ser juzgadas por tribunales ordinarios, adicionalmente que los miembros de las Fuerzas Armadas deberán sujetar su actuación a los protocolos que emitan las instituciones de seguridad, para el caso, la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.
COMO BIEN se sabe, el pasado 11 de Mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador, dispuso de la Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Tan delicada decisión pretende justificarse con el recordatorio de que la protección de personas y bienes es una tarea esencial de cualquier Estado, y con el reconocimiento de que la Guardia Nacional no está en posibilidad de cumplir cabalmente con sus funciones. En suma, se dispone que la Fuerza Armada permanente (Ejército, marina y fuerza aérea) deberá participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública. Y como en derecho las palabras importan, cada uno de esos términos tiene alcances y consecuencias. Lo extraordinario de la acción armada no se refiere al modo particular de operación caso por caso, sino a la condición excepcional del conjunto de las actuaciones. Es decir, que todo lo que haga el Ejército o la Armada está determinado en el contexto de lo extraordinario, con lo cual, las operaciones individuales están justificadas de antemano como ordinarias, por lo que el acuerdo ha sido un paso en falso más en el camino que debiera llevarnos a construir, desde y con el derecho, un orden civil y civilizatorio.
PEOR AUN, el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca que ahora la Guardia Nacional pase a control del Ejército, dejando atrás el proyecto inicial de que fuera una instancia civil, de tal manera que con el tiempo relevara las acciones del ejército y la marina en funciones de seguridad. Es evidente que de concretar una militarización de la seguridad pública del País al pasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), traerá consigo un mayor debilitamiento de las instituciones de seguridad, especialmente de las policías, además de una menor rendición de cuentas en la materia, y en ese contexto, México Unido Contra la Delincuencia, organización integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, que suma más de 300 organizaciones y personas que buscan revertir la militarización de la seguridad pública, llama a reconocer que hay evidencia suficiente para sostener que entre más tareas de seguridad pública se le dan a las Fuerzas Armadas, habrá más debilitamiento de las instituciones de seguridad, ya que “entre más tareas de seguridad le das a los militares, peores policías tienes”, y esto se suma a un menor financiamiento, menos profesionalización y menos observación. En general se podría presentar una baja en la prioridad, tanto a nivel federal como local, del desarrollo policial.
QUIZA POR ello, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será quien determine la constitucionalidad de la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, de tal suerte que los cinco ministros que integran la segunda sala del máximo tribunal del País, acordaron que sean los 11 ministros los que resuelvan ese asunto luego de un amparo interpuesto en abril de 2019 por México Unido Contra la Delincuencia en contra de los artículos 25, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Guardia Nacional, “por violar el mandato constitucional de crear una institución civil”. El ciudadano argumenta que dicha ley “no establece supuestos que garanticen que la corporación se mantenga como un cuerpo civil, y que no hay mecanismos para asegurar que la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública al interior de la Guardia Nacional sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada”.
Y AUNQUE el ministro Fernando Franco González Salas propuso negar el amparo a México Unido Contra la Delincuencia advirtiendo que de otorgar el amparo se pondría en riesgo la seguridad pública del país, para el resto de los togados la propuesta de resolución del ministro Franco implicaba aceptar la militarización de la seguridad pública y se negaba a analizarla para establecer límites constitucionales en la participación de militares en tareas de seguridad bajo la excusa de los posibles efectos generales de la sentencia. De haberse aprobado como lo proponía Franco, habría marcado un precedente preocupante con respecto al acceso a la justicia, al limitar el alcance del amparo para defender ciertos derechos cuando la defensa de ellos tenga efectos generales. A ver que pasa…OPINA carjesus30@hotmail.com
