La crisis de salud que vivimos en México ha puesto de relevancia la importancia de las pruebas a sospechosos de estar contagiados de Covid-19. Es una recomendación de las máximas autoridades de salud a nivel mundial. Sin pruebas suficientes, como ya se vio en nuestro país, no se conocen en su dimensión real los casos de contagio; tampoco se les puede dar seguimiento y aislar a las personas con las que convivan. Hay, por definición, un déficit en el registro de los casos. Esa es una de las partes débiles y contraproducentes de la estrategia respectiva del Gobierno mexicano. Debe ser así por razones económicas. Sin las pruebas nunca vamos a saber el número real de contagios. En varios Estados es peor todavía, como en VERACRUZ, con ínfimos niveles de pruebas; de hecho, aquí se ha dicho que se carece de pruebas. En general, la falta de pruebas nos coloca en la incertidumbre social e institucional.
Las pruebas también son claves en los procesos jurisdiccionales. A propósito de las acusaciones de Emilio Lozoya, habrá un gran escrutinio sobre el sustento de sus señalamientos. Más allá del rédito político y el escándalo mediático, la Fiscalía General tiene un complejo trabajo para perfilar con solidez las pruebas que ofrezca el denunciante. Es tiempo de las pruebas si pensamos en justicia. Es una gran responsabilidad del Gobierno de AMLO demostrar con hechos concretos que son diferentes, que pueden eludir la tentación del espectáculo y que buscan sencillamente hacer justicia. Las pruebas son indispensables y válidas en todo tipo de procesos legales del nivel territorial que sea. Del decir al probar hay un buen trecho. Es responsabilidad del que acusa, del órgano jurisdiccional y de la parte señalada. Un Estado de Derecho supone el debido proceso y la presunción de inocencia. Algo distinto es la aplicación de la ley de la selva, del más fuerte y del poder; del tamaño y color que este sea…
El discurso y la deliberación pública también conlleva la tentación del espectáculo y lo hueco. En muchos casos se hace vulgar propaganda. Lo que se dice no define a los hechos, a la realidad, sino que es una forma de eludirla y construir una narrativa a modo. En el debate igual se debe apelar a las pruebas, en este caso a las evidencias. Nada más anticientífico que afirmar algo apelando a símbolos, sin tomarse la molestia de probarlo. Avanzar como sociedad e instituciones pasa por el manejo de la verdad, por un discurso transparente y la demostración con evidencias de lo que se afirme. De ese tipo de política surgirán políticos honestos, serios y responsables. Es importante llamar a las cosas por su nombre y postular ideas propias. Quien ocupe la plaza pública debe tener las cualidades de la honestidad de su palabra además de la material. La ciudadanía tiene que ser muy exigente con su clase política para que cumplan su palabra y sean consecuentes; debe presionarlos con votos y rendición de cuentas para que sean eficaces y eleven su nivel de cultura general.
Hablando de evidencias tenemos que revisar algunas medidas Estatales y municipales que se vienen aplicando con la finalidad de enfrentar al Coronavirus. Tomamos como ejemplo los cierres de calles y la suspensión de actividades en tianguis. No hay un solo dato oficial que indique los resultados de tales acciones. Parecen actos meramente prohibitivos sin estudio de sus alcances. Lo que si tienen es un efecto negativo en la economía. Se cierran pequeños tianguis donde no sería tan complicado organizar la aplicación de medidas sanitarias; en los de mayor tamaño (calle Toluca y Col. Revolución, por ejemplo) se podría hacer un funcionamiento de bloques, calendarizado. Hay una contradicción entre cerrar los tianguis y mantener abiertos los mercados. Las autoridades deben decirle a la sociedad cuáles son los resultados de esas medidas para que no ofrezcan ocurrencias. Es fácil prohibir, pero hace falta organizar a los sectores y apoyarlos con programas. Aquí tenemos otro caso concreto de las necesarias evidencias en la aplicación de políticas públicas.
Recadito: hasta el último aliento con nuestro personal médico.
