Un robadero a cielo abierto a automovilistas, sin control alguno, a plena luz del día pero sobre todo de las noches, están cometiendo las policías que operan en Xalapa, similar a como lo estuvieron haciendo desde principios del segundo trimestre de 2021 y hasta octubre de 2022.
Policías honestos, que sí los hay, confiaron al columnista que los “jefes” les ordenaron despojar de lo que más puedan a los conductores, aunque no saben si es porque están llenando sus alforjas ante el temor de que gane la oposición la elección y los despidan, o para inyectar el dinero que están robando a la campaña de Rocío Nahle, o por los dos motivos.
Los “operativos” son muy similares a los se realizaron hace tres años, en un principio inexplicables porque no era fin de sexenio, cuando aplican el “Año de Hidalgo” (“chingue a su madre el que deje algo”), pero por el mismo motivo que ahora: se hablaba de cambio del gobernador y de secretario de Seguridad Pública, y los “mandos” o “jefes” querían irse con los bolsillos llenos.
La explicación se tuvo en octubre de 2022, cuando en forma sorpresiva por “motivos personales” renunció al cargo Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dejó ir impune, con las maletas llenas, y nunca ordenó investigar los atracos de que hizo objeto a la población.
Policías me dijeron entonces que el gobernador no estaba enterado de la orden, aunque por el clamor y la indignación de la población en general era imposible que ignorara lo que estaba pasando. Hoy es imposible que el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, no esté enterado, si no es él quien dio la orden y participa, por acción u omisión, del atraco.
Elementos que incluso participan, me dicen que lo hacen obligados pues su vida hasta corre peligro si no lo hacen o si se quejan y denuncian, y que los directamente responsables son el mismo Zúñiga Bonilla y el director de Tránsito del Estado, Manuel Salvador Palma Valdovinos.
Ayer el portal informativo alcalopolitico.com denunció lo que está ocurriendo e incluso publicó una fotografía muy ilustrativa de una larga hilera de conductores esperando para poder liberar sus unidades, previo someterse al asalto en el mismísimo Cuartel San José, sede de la policía operativa y cueva de los verdaderos Alí Babá y los cuarenta ladrones.
“Inventan que estás ebrio, te detienen y pagas corralón: El negociazo del Cuartel de San José”. “Ciudadanos y activistas exhiben la corrupción desatada entre policías de Xalapa”. “Falseando alcoholímetro, detienen sin razón a motociclistas y automovilistas”. “Ocultan resultados de alcoholemia y obligan a pagar hasta 6 mil 500 pesos de corralón”, resumió en su encabezado.
Les fijan cuotas a policías
Un policía me dijo que él es xalapeño y que le duele lo que le están haciendo a todos los automovilistas, que incluso sus familiares no están a salvo. Que está muy decepcionado con el gobierno de Morena porque dijeron que las cosas iban a cambiar, Que hoy están robando más que nunca.
Me contó, para que lo hiciera público, que tienen cuotas fijas establecidas, para que los esquemas de corrupción no fallen.
“Tu director de área de tránsito te establece una cuota de cinco mil pesos por noche, esa, tú debes de ver el cómo la obtienes; si por algo decides dejar ir a un amigo tuyo, un familiar que te encontraste, alguien a quien quieres hacerle el favor, y la cuota de esa persona eran mil pesos, entonces tú los tienes que reponer, porque son cuotas fijas, y es que si no cumples, tu superior lo que va a hacer es reportar que tú dejaste ir a alguien y por eso no se cumplieron las cuotas fijas o establecidas”. “Aquí no te permiten favores. La cuota es la cuota”.
Me dijo que participan y están metidos en el ajo elementos de las direcciones de Tránsito, Transporte, policía delegación Xalapa, Protección Civil Xalapa, Policía Vial, asuntos internos de la misma SSP, quienes “certifican” que no haya abusos por parte de sus mismos elementos, pero que son juez y parte; que Derechos Humanos estatal (envían un representante), la fiscalía y la contraloría estatales no participan.
Lo que publiqué sobre el tema en 2021
Por si tienes tiempo de leerla, lector, y porque tiene plena vigencia, reproduzco en forma íntegra la columna que publiqué el 11 de octubre de 2021: “Retenes de Xalapa, de la extorsión al asalto”:
“Ya me imaginaba –varios años, en mis inicios como reportero, cubriendo la fuente policíaca, tantos años trabajando dentro del gobierno, muchos años observando desde fuera, tantas relaciones hechas en el camino, incluso con policías– que algo no andaba bien con los retenes de alcoholimetría en Xalapa, pero no me imaginé que el problema fuera más grave de lo que comenté ayer en este espacio.
Decenas de quejas de víctimas que inundaron mis chats y mis correos, así como llamadas telefónicas para darme detalles, me confirmaron lo que denuncié: que policías estatales están asaltando a mansalva todos los fines de semana a la inerme población xalapeña, con cualquier pretexto.
El comentario de un honesto policía xalapeño, buen ciudadano, jefe de familia, me alertó: jefe, la mera verdad, muchos no lo queremos hacer, pero la orden es terminante: detengan al mayor número de personas que puedan, a su libre albedrío, y reúnan y traigan la mayor cantidad de dinero que se pueda.
Reparé entonces. ¿Por qué? ¿A qué se debe?, me pregunté. Recordé que esa es una práctica que acostumbran las policías, pero siempre al final de cada sexenio, en el llamado Año de Hidalgo (chingue a su madre el que deje algo), cuando asaltan a todo el que pueden con el menor pretexto, roban coches o los desvalijan, les quitan las llantas, los espejos, partes que ellos mismos venden a chatarreros o en el mercado negro, para estar ‘cargados’ por si en el cambio de gobierno los despiden y mientras se vuelven a colocar… para seguir robando. Pero si estos dicen que son diferentes, me dije.
La extorsión, con el pretexto de los alcoholímetros, ya prácticamente se institucionalizó, pero ahora se ha pasado al asalto, incluso aunque la víctima ya esté llegando a su domicilio, enfrente, como le pasó a conocidos míos.
Una noche, cuatro jóvenes (incluidas mujeres), después de haber salido de trabajar fueron a cenar. Cuando ya volvían a sus hogares, los paró la policía. De entrada, le dijeron al que manejaba que iba tomado. El joven lo negó. Ante la insistencia de la acusación pidió que personal de tránsito le hiciera una prueba. Le dijeron que ese no era el ‘protocolo’.
Entonces le preguntaron de quién era el carro. Les respondió que de su mamá. Le pidieron que mostrara la factura. Les respondió que estaba guardada pero que traía la tarjeta de circulación, y, así, le empezaron a buscar por dónde acusarlo. Al final, como todo estaba bien, le dijeron que le iban a recoger el vehículo porque debía traer una carta poder de su madre para poder usar la unidad y, además, otra vez, que iba tomado.
Se lo llevaron al Cuartel San José donde ya había al menos otros 70 detenidos. Para dejarlo en libertad le cobraron una multa de 300 pesos, pero el coche lo enviaron a un corralón. Cuando llegó la mamá con la factura, le dijeron que la multa por prestarle el vehículo a su hijo era de 10 mil pesos, pero para que vieran que eran ‘generosos’ le preguntaron cuánto traía o cuánto les podía dar para que ahí ‘muriera’ todo. Le sacaron 1,500 pesos más a la mujer, quien reclamó su coche. Entonces le salieron con que tenía que pagar el arrastre de la grúa, que eran otros 10 mil pesos, etcétera. En total le sacaron 5,000 pesos sin darle recibo alguno.
La mecánica del asalto es muy parecida a las de tantos testimonios que me dieron. Me propuse entonces tratar de investigar de quién o de quiénes es el negocio.
Resulta que los operativos están coordinados por el subdirector de Agrupamientos, Ángel Roberto Sequera Barradas, quien reporta directamente al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. Están involucrados los elementos del llamado Cuerpo Especial de Policía Vial (los que andan también en cuatrimotos, armados con metralletas), los agentes de Tránsito del Estado, los integrantes del Grupo Reacción, los del Grupo Recuperación de Vehículos, incluso los policías razos de la delegación administrativa número 20 de Xalapa.
¿Por qué el asalto masivo a los xalapeños apenas a la mitad del sexenio?, pregunté. Váyase para atrás con la respuesta que me dieron: porque adentro se maneja que va a haber pronto cambios en el gobierno y los jefes policíacos quieren cubrir todos los faltantes que tienen y, aparte, irse bien ‘cargados’. Me aseguraron que el gobernador Cuitláhuac García ignora y es totalmente ajeno al negocio y que sus subordinados abusan de su confianza y de su buena fe.
Con otro dato. La tropa ya entrega una cuota fija, pero ante la orden que les dieron los elementos se comprometieron a empeñarse y llevarles más, pero pidieron que a cambio les permitan robar también, y por eso a quienes detienen les quitan todo lo que de valor lleven encima, carteras y celulares por delante. Negocio redondo, pues, para todos. Y no distinguen si el detenido es hombre o mujer, de la edad que sea.
Nunca, nunca antes se había dado esto en Xalapa.
Solo hay un antecedente de tanta hamponería policíaca en Veracruz y en Xalapa. En el gobierno de Agustín Acosta Lagunes llegó a la Secretaría de Seguridad Pública el famosísimo Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, coronel del Ejército entonces, luego general, precedido de fama por haber combatido a Lucio Cabañas y su guerrilla. Se trajo de Guerrero lo peor de lo peor, encabezados por el mayor Gustavo Tarín Chávez, uno de los más temibles delincuentes con uniforme que haya llegado a territorio veracruzano.
Esta pandilla de delincuentes arrojaba muñecos al paso de vehículos, lo mismo en las transitadas carreteras del estado que en pleno corazón de Xalapa, y decían a los conductores que acababan de atropellar y matar a una persona. Los sometían a un verdadero calvario, que remataban cuando les ofrecían no detenerlos a cambio de que los llevaran a sus domicilios, donde vaciaban sus casas totalmente (es lo único que les falta hacer a los elementos de Gutiérrez Maldonado), o en las carreteras pedían a los detenidos que llamaran a sus familiares para que pagaran un rescate a cambio de dejarlos ir. Les daban un número de cuenta bancaria para que depositaran el dinero. Una de las víctimas, que había ido a un congreso de notarios a Catemaco, fue la propia esposa del entonces procurador general de Justicia, Pericles Namorado Urrutia, quien indignado nos los narró enseguida a un grupo de jóvenes reporteros entonces.
Varias de las víctimas de los asaltos ahora, verdaderamente encabronados, me comentaron qué cómo es posible que este gobierno, que pregona honestidad, esté permitiendo todo. ‘Estamos indefensos. ¿Con quién nos quejamos? ¿Ante quién acudimos?’. Incluso algunos manejaron la idea de convocar a toda la población para, así como se ha hecho en muchas colonias, constituirse en ‘Vecinos Vigilantes’, con la idea de lanzar gritos de auxilio o activar algún tipo de alarma cuando los detengan y para acudir a rescatar a la víctima o a las víctimas, y los más molestos hasta hablaron de linchar a los policías y quemar sus patrullas.
Comento el caso de Xalapa porque es de donde tengo testimonios directos de lo que está sucediendo, pero no sería nada raro que el mismo fenómeno se esté repitiendo en las ciudades más grandes e importantes y que a todos los jefes policíacos les hayan dado la orden de que incrementen los montos de las cuotas que tienen fijadas, o sea, que también se dediquen a asaltar a todo el ciudadano que puedan.
¿Con qué cara, me pregunto, va a presumir el gobernador en su Tercer Informe que los delitos han disminuido en Veracruz cuando es su propia policía la que los está cometiendo e incrementando a la vista de todos, y cuando la población de la propia capital del estado está siendo víctima directa? ¿Así quieren que le tengan confianza a la Fiscalía General del Estado para que denuncien los asaltos, cuando se hacen de la vista gorda y permiten la impunidad? ¿Cambio, cuál cambio? ¿No que ellos eran diferentes y además honestos?”
