Xalapa, Ver. 06 agosto 2020.- Los exmagistrados Gladys Lourdes Pérez Maldonado, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero promovieron incidentes ante tribunales federales en los que dan constancia de que diputados del Congreso local y togados del Tribunal Superior de Justicia habrían violentado la Ley de Amparo en su perjuicio; por lo que podrían proceder penalmente.
Por esta razón, se deberá investigar si los integrantes de ambos poderes violentaron el artículo 262 de dicho ordenamiento, que contempla casos en que autoridades no obedezcan un auto de suspensión debidamente notificado y en los que haya resistencia a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.
Para este delito se establecen penas de 3 a 9 años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
Al respecto, en entrevista, la magistrada Concepción Flores Saviaga refirió que los 3 magistrados notificaron puntualmente al Congreso del Estado, así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, las suspensiones federales obtenidas a su favor.
Por lo anterior, se determinará si existe responsabilidad legal de la titular del Poder Judicial, así como del presidente del Congreso, Rubén Ríos Uribe y de los integrantes de la Junta de Coordinación Política presidida por el morenista Juan Javier Gómez Cazarín.
En conjunto, la Magistrada Presidenta y los legisladores declararon 6 vacantes de Magistrados, incluyendo las de Pérez Maldonado, Lezama Moo y Dorantes Romero, para designar a sus reelevos y a otros 3 nuevos togados a propuesta del gobernador Cuitláhuac García.
El 30 de julio, el pleno de la LXV Legislatura aprobó los nombramientos de las propuestas del Ejecutivo, siendo Ailett García Cayetano; Itzel Castro Castillo; Antonio Sobrevilla Castillo; Alma Rosa Flores Ceballos (quien suplió a Pérez Maldonado); María Lilia Viveros Ramírez (quien suplió a Lezama Moo) y Lizbeth Aurelia Jiménez (quien suplió a Dorantes Romero).
Ya que las suspensiones obtenidas por los Magistrados salientes fueron notificadas al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) también se revisará la posible responsabilidad de integrantes del pleno, quienes dieron su voto a favor de adscribir a los 6 nuevos integrantes sin importar que están vigentes las suspensiones de jueces federales de algunos de sus antecesores.
En la sesión extraordinaria del miércoles 5 de agosto votaron las readscripciones, comisiones y adscripciones los magistrados Esteban Martínez Vázquez, como suplente del presidente de la Segunda Sala, así como Julio César Díaz Hernández, presidente de la tercera sala y Sergio Jiménez Maraboto, presidente de la cuarta Sala.
Por la quinta sala votó el magistrado presidente Amadeo Flores Villalba; por la sexta sala la magistrada presidenta Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros; por la Sala Constitucional Bertha Inés Chávez Méndez y por la octava sala Flores Saviaga, como suplente de Roberto Dorantes Romero, a quien se le aplicó el retiro forzoso.
Todos los Magistrados votaron a favor, a excepción de Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros y Concepción Flores Saviaga, quienes argumentaron que optaron por no violentar las suspensiones provisionales, definitivas y el amparo obtenido por los Magistrados salientes.
Flores Saviaga explicó que los ahora exmagistrados se ampararon contra el retiro forzoso por edad y para estudiar su procedía su ratificación por otros 5 años, conforme lo permite la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el caso de Lezama Moo y Dorantes Romero, procedieron contra el retiro obligatorio y Pérez Maldonado buscando ampliar su período.
Pérez Maldonado y Lezama Moo obtuvieron una suspensión al acto reclamado, la primera provisional y el segundo la consiguió, en definitiva. Además, el Magistrado promovió un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1136/2019 del juzgado décimo octavo de Distrito que el 24 de julio se declaró fundado.
Por ello, el juez concedió un plazo de 24 horas a las autoridades responsables del Congreso para que rectifiquen los errores en que incurrieron al cumplir con la suspensión definitiva, con apercibimiento de que, de no hacerlo, serían denunciados ante el Ministerio Público de la Federación por violar la Ley de Amparo.
Añadió que Roberto Dorantes Romero cuenta con la concesión del amparo dictada en el juicio 402/2019 del índice del juzgado decimoséptimo de distrito en el Estado contra el retiro forzoso, resolución que causó estado desde el día 28 de junio del 2020, cuando se desechó un recurso de revisión hecho valer por el área jurídica del Congreso.
Pese a que fue notificada del amparo, cuando se le pidió dar cumplimiento a la resolución el pasado 25 de junio, la Presidenta Martínez Huerta dijo que estaba impedida para hacerlo por el decreto del 7 de julio del Congreso del Estado en el que manifestó que su plaza de magistrado se encontraba vacante.
La actuación de la Presidenta, refiere Flores Saviaga, deja constancia que desde el 14 de enero estaba enterada de la resolución del amparo a favor del Magistrado, a quien la justicia federal determinó que se le aplicó indebidamente la reforma al artículo 59, fracción II de la Constitución, relativa a la separación forzosa por haber cumplido 70 años.
De acuerdo con Flores Saviaga, en la sesión extraordinaria solicitó que se diera cuenta al pleno de las suspensiones que tienen sobre los amparos mencionados pero no quisieron revisar las constancias que han llegado al Tribunal de las suspensiones.
Detalló que en el caso de Roberto Dorantes, él mismo se presentó a entregar las resoluciones y cuenta con copia de recibido y ella por su cuenta presentó la de la magistrada saliente Gladys Pérez Maldonado al Tribunal Superior de Justicia.
Reiteró que los magistrados salientes ya procedieron ante tribunales y podían hacerlo por otras vías si así lo consideran, pues con una violación a la Ley de Amparo se puede proceder ante el Ministerio Público Federal.
“La duración de la sanción puede razonarse por el juez federal que en un momento dado conozca de la investigación que ya se está iniciando porque los compañeros afectados comunicaron que ya promovieron los incidentes de la violación de las suspensiones”.
Finalmente, la Magistrada lamentó que no se respeta el Estado de Derecho en Veracruz por parte del Congreso y ahora por parte del Poder Judicial del Estado, opinando que esto puede deberse a falta de asesoría, sobre todo por parte de los diputados locales.
“Les falta asesoría; no interpretaron nunca lo que es una suspensión provisional y menos una definitiva, no alcanzan a entender, porque no son abogados, muchos son contadores, el coordinador de la Junta (Gómez Cazarín) es contador, me parece. Hay personas que no son abogados y creo que en el Jurídico no han aprovechado la experiencia que hay de los abogados que están ahí (…)”.
“Ahora iniciará una averiguación, un procedimiento penal en contra de todos los que hayan firmado del Congreso del Estado y a quienes hayan aprobado esos acuerdos por el pleno del Tribunal y lo lamento porque se acredita flagrantemente la violación a la protesta de Ley que hicieron como Magistrados de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que rigen el marco jurídico del Estado de Veracruz”, concluyó.
