Necesario, castigar a funcionarios que autoricen construcciones en este tipo de zonas

México, D.F.; 3 de septiembre de 2015. Con el fin de evitar que más mexicanos sigan habitando en zonas que registran diversos grados de vulnerabilidad, el senador Héctor Yunes Landa, propuso modificar la Ley General de Asentamientos Humanos para promover el uso y ocupación eficiente del territorio nacional.

También planteó la necesidad de modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, con el objetivo de que la autorización de permisos de uso de suelo, por parte de servidores públicos en zonas de riesgo, se considere una conducta grave y constituya un hecho delictivo.

Asimismo, el legislador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional insistió en sancionar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas donde no se haya elaborado la gestión integral de riesgos.

Al hacer uso de la voz ante el pleno del Senado de la República, refirió que de acuerdo a datos emitidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 87.7 millones de mexicanos residen en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos, es decir el 78 por ciento de la población habita en territorios que registran diversos grados de vulnerabilidad.

Ante los senadores de todas las fuerzas políticas del país, el legislador veracruzano, los exhortó a legislar con responsabilidad y correspondiendo a la confianza de la gente y pidió hacer de la ley un instrumento de prevención, anticipando riesgos y promoviendo en una mayor medida responsabilidades.

Destacó que México es nuestra casa, “promovamos, con toda la fuerza de la ley, que las familias mexicanas habiten en lugares seguros. Evitemos que vivan en zozobra y en lugares inseguros.”

Insistió ante el pleno que es momento de revertir prácticas que ponen en peligro la integridad y patrimonio familiar. La seguridad empieza desde el hogar.

Reveló que en el periodo comprendido de 1990 a 2010, ocurrieron 75 eventos de diversa magnitud y naturaleza, que dejaron más de tres mil 500 personas fallecidas, miles de damnificados y daños a la economía por más de 250 mil millones de pesos.

En su intervención en tribuna el senador Héctor Yunes Landa, sometió a consideración la propuesta de modificación y adhesión a dos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, donde se propone reforzar el compromiso por parte de las autoridades federales y locales, para promover el uso y ocupación eficiente del territorio nacional.

Citó la vulnerabilidad en que se han enfrentado millones de familias como los efectos de los terremotos del 85; las explosiones en San Juan Ixhuatepec, en el 84; y en Guadalajara, en 1992. El impacto de los huracanes Gilberto, Paulina, Roxana, Vilma, Manuel e Ingrid, así como los diversos fenómenos meteorológicos registrados en estados como Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Asimismo el aumento del nivel del mar constituye una amenaza para los asentamientos humanos localizados en planicies costeras, como en el estado de Veracruz.

AVANCES

Precisó que ante el gran reto que representa dicha situación el Ejecutivo Federal implementó políticas públicas, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Y es que con el programa de ordenamiento territorial y esquemas de reubicación de poblaciones en zonas de riesgo, se pretende orientar el uso óptimo del territorio, impulsar el desarrollo sustentable de las actividades económicas y elevar la calidad de vida de la población, fortaleciendo la ocupación ordenada del territorio, dijo.

Por otra parte, con el programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos se desarrolla el fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia de prevención de riesgo, sin embargo, esta política resulta limitada ante circunstancias crecientemente complejas de índole económica, social y ambiental.

Xalapa, Ver., a 03 de septiembre del 2015.

Crear un Instituto Veracruzano de las Personas Adultas Mayores, para coordinar con las instancias públicas, privadas y sociales la garantía de los derechos humanos de este sector, propuso el diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés durante la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de labores de la LXIII Legislatura del Estado.

En nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que la entidad cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores –publicada el 14 de agosto de 2013–, que busca garantizar a estas personas el pleno ejercicio de sus derechos: “Aunque establece bases y disposiciones para ello, se requiere de un Instituto que coordine las distintas acciones”.

Veracruz es la tercera entidad del país por su número de adultos mayores de 65 años, con más de un millón de personas, y de ahí la importancia de esta Iniciativa con Proyecto de Ley.

El Diputado explicó que la propuesta contempla lo relativo a la organización, administración y funcionamiento del Instituto, así como las atribuciones de los órganos que lo integrarían: Consejo Directivo, Dirección General, Consejo Ciudadano y Comisario Público.

El Consejo Directivo sustituiría al actual Consejo Estatal para la Atención del Adulto Mayor contenido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, mientras que el Instituto realizaría acciones de coordinación para un mejor desempeño con la administración pública estatal, organismos autónomos y los ayuntamientos.

La institución trabajaría con la Secretaría de Salud del estado (SS) en la formulación de la política en materia de prestación de los servicios a los adultos mayores, su atención preferente y hospitalaria inmediata, en casos de emergencia, y difundiría la cultura de la responsabilidad personal para este sector, entre otros.

Además, con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), promovería programas de asistencia social orientados a desarrollar una cultura de prevención, protección, inclusión y respeto hacia los adultos mayores, y velaría por la defensa jurídica gratuita de su patrimonio personal y familiar.

De acuerdo con Joaquín Rosendo Guzmán, el Instituto se encargaría de administrar la información estadística que refleje la situación de los adultos mayores en la entidad, y entraría en funciones una vez aprobadas las partidas presupuestales y recursos humanos y materiales que le fueran adscritos por la autoridad competente.

Esta Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y De Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes.

Xalapa, Ver., a 02 de septiembre del 2015.

Impulsar la competitividad, fortalecer la educación con mejor infraestructura, desarrollar la economía del país, a través de la participación privada, y no aumentar impuestos, son medidas acertadas que harán que México sea mejor para todos, expresó el diputado local Juan Nicolás Callejas Arroyo, con motivo del Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El discurso del presidente es un mensaje alentador, dijo Callejas Arroyo, porque brinda la confianza de la conformación de un México diferente al que estamos viviendo, un país con gran visión de futuro.

Marca tareas no solo a los ejecutivos estatales, cámaras empresariales, legislaturas de los estados o al Congreso de la Unión, sino que da una tarea a cada ciudadano para transformar un nuevo México, añadió.

En entrevista, el Presidente de la Junta de Coordinación Política destacó el anuncio del Ejecutivo federal de que no se crearán nuevos impuestos y no se aumentarán los existentes. Esto significa, dijo, que las finanzas de la Nación se manejan con una visión de futuro encaminada a la inversión productiva que genere empleos. “La inversión privada productiva genera empleos y éstos, a su vez, riqueza”.

Para garantizar una educación de calidad y que llegue a todos los mexicanos –refirió el legislador–, se prevé los Bonos de Infraestructura Educativa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) del fondo del Ramo 033, recursos que recibían los estados y que ahora lo hará la federación para desarrollar proyectos que mejorarán la infraestructura y el mobiliario de escuelas.

De esta manera, se obtendría 50 mil millones de pesos para generar mejor infraestructura educativa en cada entidad. Se consultará en cada estado las escuelas para saber si cuentan con luz, agua, baños, techos y pisos; si ya cuentan con ello, se dotará de otros elementos como mobiliario o aulas.

Callejas Arroyo subrayó que de este Informe destaca la disposición de implementar la materia de inglés desde la educación básica. “Si queremos niños y jóvenes competitivos, necesitamos darles las herramientas de los idiomas para que se puedan desenvolver sin problema alguno”.

Además explicó que el mandatario federal impulsó las reformas estructurales que en la actualidad se reflejarán en mejor educación, finanzas sanas y mayor desarrollo económico.

Con este Informe, muestra al pueblo de México la oportunidad de lograr un mejor país, “muestra al ciudadano la realidad de un México que se transformará para bien de todos”, concluyó.