Interesante el reto que el titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz lanzó hace unos días a los líderes de los partidos políticos de oposición.
Le explico.
En el inicio de esta semana, el diputado local por el distrito de San Andrés Tuxtla en su columna “Parlamento Veracruz”, se mostró verdaderamente decidido al expresarles a sus opositores que si ningún problema se pueden ver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el amague que hicieran los dirigentes de los partidos políticos por buscar frenar la propuesta aprobada para reducirles las prerrogativas a la mitad.
Juan Javier Gómez Cazarín detalló que existe mucha gente, (bueno, tampoco tanta) que se encuentra enojada por que más de $177 millones de pesos dejarán de llegar a las dirigencias de los partidos políticos y que estos recursos se usarán para atender prioridades sociales como la contingencia del COVID-19.
Con lo anterior, y a pesar de que los partidos políticos se quedarán con otros $177 millones de pesos “una cantidad brutal de dinero para meterle mano” llevarán este asunto hasta la Suprema Corte “para que las y los ministros resuelvan si la propuesta aprobada por la mayoría calificada del Congreso de Veracruz está apegada a la Constitución.”
En este sentido, Gómez Cazarín especificó que están en todo su derecho de acudir al Máximo Tribunal. Sin embargo, se mostró confiado en que le terminarán dando “palo” a esta queja partidista, pues “apenas en marzo de este año las señoras y los señores ministros se pronunciaron abrumadoramente por avalar una reforma Constitucional en el hermano y vecino estado de Tabasco que, palabras más o palabras menos, es idéntica a la nuestra”.
Y es que el argumento de la Corte es que las Legislaturas locales están facultadas para regular el financiamiento público local de los partidos políticos nacionales, “siempre y cuando garanticen que los partidos reciban dicho financiamiento de manera equitativa para sus actividades ordinarias y durante los procesos electorales”.
En fin, ya se verá lo que resuelvan los órganos electorales y la SCJN, pero lo cierto es que de las iniciativas aprobadas por la LXV Legislatura, esta será uno de sus mayores logros sociales, ya que es la misma población la que exige que ya no se use el dinero público para hacer política.
Eso sí, falta que se propongan más mecanismos para transparentar el uso de estos recursos, ahora por parte del Ejecutivo del Estado, ya que por ejemplo la entrega de despensas del Gobierno de Veracruz hechas exclusivamente por diputados de MORENA no se vio nada bien.
Ya se verá que es lo que pasa.
POR CIERTO ¿Cómo les llegó el recibo del servicio de Energía Eléctrica?, pese a que el presidente López Obrador prometió hace un año que el costo no se incrementaría, en redes sociales llueven los recordatorios del 10 Mayo contra CFE.
@IvanKalderon
