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POR SI ACASO/CARLOS JESÚS RODRÍGUEZ/ Austeridad induce a corrupción

*Magistrado-legislador: sueldazos

*El 127 carece de ley secundaria

 

A MEDIADOS de Febrero, en una gira por Guadalajara, el ahora, virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno sería austero y sin privilegios para los altos funcionarios, y ahí lanzó una de sus clásicas advertencias salpicada de picardía: “se van a tener que bajar el sueldo los ´leguleyos´ que ganan hasta 650 mil pesos al mes, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quienes nunca han resuelto nada en beneficio de México. Los ‘leguleyos’ van a decir que no tengo esa facultad, y sí, no la tengo, pero me voy a bajar el sueldo y a ver  ¿quién se va a atrever a ganar más que el Presidente?. No me importa que digan que soy populista; es solo justicia laboral”. López Obrador sabía de antemano que en México, aunque el artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente, los ministros de la Suprema Corte e, incluso, Senadores y Diputados Federales soslayan el ordenamiento que, por otra parte, hay que decirlo claro, desde Febrero del 2010 venció el plazo que el Congreso de la Unión fijó para la expedición de la ley reglamentaria de ese artículo que a la letra dice: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”. Y así lo mandata la Constitución tras la reforma promulgada en Agosto del 2009 que, sin embargo, estableció un plazo de 180 días a senadores y diputados para expedir la ley secundaria, y fue hasta el 8 de Noviembre del 2011 cuando la Cámara de Senadores turnó a la colegisladora la minuta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que aprobó con 18 meses de retraso, esto es, vencido el plazo, como si previeran el desenlace que está en puerta. Por esa razón, ante la omisión de sus antecesores (que es franqueable con un amparo), senadores de Morena y PT presentaron en Febrero pasado una nueva iniciativa de ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de adición al Código Penal Federal con el propósito de poner nuevamente el tema en el debate, y que se acate la obligación del Congreso mexicano de legislar, ya que la enmienda establece en los artículos transitorios correspondientes que, a partir del 2010, las percepciones de los ministros de la Corte, magistrados electorales, de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal, integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales en funciones que fueran superiores al salario presidencial “se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo”, por lo que si el propio Congreso de la Unión pretendiera obligarlos a ganar menos que el Presidente podrían pedir la protección de la justicia Federal con sobrado éxito.

 

EN ESE tenor, el pasado 13 de Julio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar aclaró –en un: -te lo digo Peña Nieto para que lo entiendas López Obrador- que las remuneraciones y beneficios que reciben los integrantes del Poder Judicial no son un beneficio personal ni un privilegio, sino que son necesarios para poder otorgar resoluciones independientes y sin presiones. Y es que Aguilar justificó que la independencia del juez no depende únicamente de su recto actuar, sino de las condiciones favorables que lo permitan, como la seguridad, las remuneraciones y las condiciones de retiro razonables y dignas, en pocas palabras, la SCJN deja en claro que no está dispuesta a acatar la Austeridad Republicana de AMLO, y la razón es simple: al finalizar el año en curso, ministros, magistrados y consejeros habrán devengado un sueldo bruto por 6 millones 938 mil 234 pesos, monto que casi duplica el salario bruto fijado al presidente Enrique Peña Nieto para el año en curso que es de 3 millones 550 mil 654 pesos, de tal suerte que la remuneración anual de los jurisconsultos superará en 3 millones 387 mil 580 pesos la que percibirá el titular del Ejecutivo Federal. Por concepto de sueldos y salarios brutos, así como percepciones ordinarias recibirán 4 millones 743 mil 537 pesos y 2 millones 194 mil 697. Bajo los mismos rubros, el mandatario mexicano devengará 2 millones 579 mil 939 y 970 mil 715 pesos, respectivamente. Por “condiciones de trabajo, contratos colectivos y otras remuneraciones”, la percepción anual tanto del presidente de la Corte y la Judicatura y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral ascenderá a 853 mil 223 pesos; la de Peña Nieto, a 340 mil 822, mientras que los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ganarán también más que el presidente de México este año: 4 millones 354 mil 208 pesos y es el mismo caso del secretario ejecutivo del Consejo General del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien cobrará 4 millones 86,265 pesos. Y uno se pregunta: ¿en México las leyes se aplican con carácter retroactivas, y más aún cuando partes de la propia Constitución?. Sin duda, los ministros de la Corte, aunque no nos guste al resto de la población y al futuro Jefe de las Instituciones que los llamó “leguleyos” se quedarán con sus “humildísimos salarios, y AMLO habrá fallado en otra de sus promesas de campaña

 

UN CASO similar es el del Congreso de la Unión. Sin duda Martí Batres, Senador electo de Morena tiene las mejores intenciones cuando anuncia que como parte del Programa de Austeridad Republicana divulgado por el virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, propondrá que la dieta para los legisladores de la Cámara Alta pase de 300 mil a 90 mil pesos mensuales, se eliminen los seguros de vida de gastos mayores y de separación, las aportaciones que realizan los grupos parlamentarios y los bonos, de tal manera que sólo quede la dieta neta, pero se olvida que el Legislativo, a diferencia del Ejecutivo que es uno solo, está integrado por 128 Senadores y 500 Diputados Federales, y aunque el Movimiento de Regeneración Nacional es mayoría en ambas cámaras, lo cierto es que no tienen mayoría calificada –la que corresponde a las dos terceras partes, cuando menos-, por lo que tendrá que consensuar su propuesta con el resto de las bancadas, y lo más seguro es que le digan que no o, en el mejor de los casos acepten bajarse el salario en un 50 por ciento máximo. Y es que esto de la Austeridad Republicana de AMLO va a traer severos conflictos, pues muchos cerebros de las finanzas y otras áreas de importancia científica y tecnológica buscarán migrar a la iniciativa privada con todo y experiencia o, en el mejor de los casos, buscar espacios en el extranjero en empresas con mejores percepciones. Lamentable sería que los que se queden y acepten rebajas en sus salarios inventen nuevas formas de corrupción para completar el gasto, y se destape otra “caja de Pandora” que no la paren ni los nietos de AMLO que hereden el poder –si es que decide repetir la estrategia que a Miguel Ángel Yunes Linares le falló en Veracruz-. Así de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com

 

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